La reforma busca que la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala sea sustituida por la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, que estaría controlada por el Congreso.

Después de que se conociera que el Congreso de Guatemala busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para crear una nueva oficina subordinada al Congreso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó y expresó su preocupación por una acción que podría debilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, explicó que la LAIP es una ley que la organización promovió y respaldó desde su promulgación en 2008, por considerarla “una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas”.

Canahuati también apuntó que tal y como está actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública es funcional y que de implementarse una reforma debe estar dirigida a hacerla “más eficiente” y no a debilitarla.

Tanto Canahuati como el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, explicaron que desde que la organización nació en la década de 1990 ha trabajado “para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos” con características específicas de implementación para evitar favorecer a intereses políticos. De ahí que los organismos que la supervisan deben ser “autónomos”.

En un comunicado de prensa la SIP citó algunas características de la ley, tales como: principios de apertura y transparencia; régimen de excepciones previamente establecidas; proceso expedito de entrega de información; infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.

“Aquellos lineamientos de la SIP quedaron establecidos en una conferencia internacional con líderes de congresos nacionales, en la que se interpretó y se fundamentó, entre otros temas, el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”, cita el documento.-Voa-

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