Acusado de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración, el Ministerio Público indica que luego de una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval,

La orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que “se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala”.

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El ente investigador señala que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se dieron a conocer más detalles. En septiembre último, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal giró una primera orden de captura contra el ex fiscal, por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

El pasado mes de julio,  mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval había sido removido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

 El exjefe de la FECI es señalado por supuestas irregularidades en la suscripción de acuerdos de colaboración eficaz.

La remoción de Sandoval repercutió en una serie de manifestaciones, por parte de sectores de la sociedad civil, contra la jefa del Ministerio Público y fiscal general, María Consuelo Porras.

Además, diplomáticos internacionales manifestaron su desacuerdo con la decisión de separar a Sandoval, cuyo motivo, en primera instancia señalada por Porras, fueron “vejámenes” que el ex funcionario habría cometido en su contra.

Sin embargo, luego de las reacciones y señalamientos, el Ministerio Público reveló que investigaba posibles delitos que Sandoval habría cometido durante su gestión.

La remoción de Sandoval a cargo de la Feci, así como otros movimientos en la institución, le valieron a Porras para ser señalada por sectores de la sociedad civil y organizaciones, durante manifestaciones y promulgaciones.

Otra de las repercusiones, fue la descalificación que el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó contra Porras, a quien señala de no contribuir en la lucha contra la corrupción y la agregó en una lista negra.

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Por El Metropolitano

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