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<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\nLa red, que operaba desde 2021 hasta 2024, incluye empresas que, en muchos casos, fueron contratistas directas de instituciones estatales.<\/p>\n\n\n\n
En una entrevista con el programa Con Criterio, el superintendente Marco Livio D\u00edaz explic\u00f3 c\u00f3mo se ha desarrollado la investigaci\u00f3n del fraude hasta el momento. D\u00edaz revel\u00f3 que, tras 32 auditor\u00edas a empresas vinculadas a esta red, se determin\u00f3 la magnitud del fraude. Sin embargo, advirti\u00f3 que las auditor\u00edas est\u00e1n lejos de concluir y que la cifra de 300 millones de quetzales es solo el inicio, ya que podr\u00eda llegar a superar los 800 millones.<\/p>\n\n\n\n
Una de las t\u00e1cticas empleadas por esta red consist\u00eda en facturarse a s\u00ed mismas, seg\u00fan explic\u00f3 el superintendente. Esta compleja estructura permiti\u00f3 que las empresas ocultaran sus actividades fraudulentas mediante el uso de otras compa\u00f1\u00edas que operaban como fachada, generando una cadena de transacciones ficticias.<\/p>\n\n\n\n
En palabras de D\u00edaz: Es una red que se factura a s\u00ed misma, lo que permit\u00eda camuflar las estafas y fraude bajo la apariencia de operaciones comerciales leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n
Procedimientos legales<\/p>\n\n\n\n
D\u00edaz destac\u00f3 que, a pesar de que las auditor\u00edas no han finalizado, fue necesario proceder con la denuncia ante el Ministerio P\u00fablico para detener las actividades fraudulentas de esta red.<\/p>\n\n\n\n
Era necesario presentar la denuncia, y algo que urg\u00eda era desconectar de la facturaci\u00f3n a este grupo de compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el superintendente, mientras no se hiciera p\u00fablica esta informaci\u00f3n y no se presentara la denuncia, no se pod\u00eda desactivar la forma operativa de estas empresas, lo que continuar\u00eda afectando las arcas del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Auditor\u00edas<\/p>\n\n\n\n
El proceso de auditor\u00eda ha implicado la revisi\u00f3n de empresas que han facturado grandes sumas al Estado, con montos que oscilan entre los 81 millones de quetzales para solo un grupo de nueve compa\u00f1\u00edas. Sin embargo, D\u00edaz subray\u00f3 que en muchos casos no existen compras reales detr\u00e1s de estas transacciones, lo que sugiere que se trataba de operaciones simuladas para desviar fondos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
El desarrollo de esta investigaci\u00f3n no ha estado exento de riesgos para los funcionarios involucrados. D\u00edaz confirm\u00f3 que tanto \u00e9l como su equipo han recibido amenazas de muerte. En particular, mencion\u00f3 el caso de una auditora en Cob\u00e1n que detect\u00f3 irregularidades en las facturas de una empresa y decidi\u00f3 investigar por su cuenta en la capital, lo que la expuso a un peligro considerable.<\/p>\n\n\n\n
Relaci\u00f3n con el Gobierno anterior<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos m\u00e1s controvertidos del caso B410 es su posible vinculaci\u00f3n con figuras del gobierno anterior. Aunque el superintendente D\u00edaz ha sido cauteloso al respecto, varios analistas y medios de comunicaci\u00f3n han sugerido que la red podr\u00eda haber operado bajo la protecci\u00f3n de altos funcionarios durante el mandato de la anterior administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, D\u00edaz aclar\u00f3 que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que involucren directamente a miembros del gobierno anterior. Sin embargo, asegur\u00f3 que la investigaci\u00f3n contin\u00faa y que no se descarta la posibilidad de que en el futuro se revelen m\u00e1s implicados.<\/p>\n\n\n\n
La SAT estima que la investigaci\u00f3n apenas ha avanzado en un 20 % o 25 % de su total, lo que indica que todav\u00eda queda mucho por descubrir sobre la operaci\u00f3n de esta red.<\/p>\n\n\n\n
Ante la gravedad del caso, la Comisi\u00f3n Nacional Contra la Corrupci\u00f3n, encabezada por Julio Flores, ha manifestado su disposici\u00f3n para colaborar en la depuraci\u00f3n de las instituciones estatales que se han visto involucradas.<\/p>\n\n\n\n
Lucha contra la corrupci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El caso B410 es solo un ejemplo m\u00e1s de la fragilidad del sistema de contrataci\u00f3n p\u00fablica en Guatemala y de c\u00f3mo la corrupci\u00f3n afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a los sectores m\u00e1s vulnerables. La defraudaci\u00f3n de 300 millones de quetzales representa recursos que debieron haberse destinado a mejorar los servicios p\u00fablicos, pero que en su lugar fueron desviados por una red de empresas fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n
Texto: Yuliza Mu\u00f1oz<\/p>\n\n\n\n
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