El presidente Bernardo Arévalo expresó su preocupación por la resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender parcialmente el acuerdo gubernativo conocido como Proveedores Transparentes.
Esta es una medida impulsada por el Ejecutivo para fortalecer los controles anticorrupción en las contrataciones del Estado.
El mandatario lamentó que la suspensión afecte directamente uno de los puntos más importantes de la normativa, que es la obligación de las empresas contratistas de revelar quiénes son sus accionistas y las personas que ejercen control efectivo sobre ellas.
“Esta es una normativa que responde al estándar internacional y busca que entidades clave como la IBE, la Contraloría General de Cuentas, la SAT y la Comisión Nacional contra la Corrupción puedan conocer quiénes están detrás de las sociedades mercantiles que contratan con el Estado”
Según los rumores algunos diputados del Congreso de la República desde el gobierno de Vamos con Alejandro Giammattei realizaron obras para el estado muchas de ellas no las terminaron esto puede ser uno de los motivos de la CC para que no se conozcan los hombres
Objetivos de la medida
El presidente también indicó que la resolución de la CC constituye un obstáculo para la transparencia, ya que promueve la opacidad en torno a los proveedores estatales y limita el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Guatemala en materia de combate a la corrupción y lavado de dinero.
Debilita la capacidad del Estado para detectar conflictos de interés, facilita el uso de empresas fachada, y podría incluso exponer a Guatemala a ser incluida en la ‘lista gris’ del GAFI.enfatizonelmoresidente en su declaración de este lunes
Para concluir, el presidente aseguró que el Gobierno presentará los argumentos legales y técnicos correspondientes para respaldar la constitucionalidad del acuerdo y confió en que la Corte tome en cuenta los riesgos que implicaría su anulación definitiva.
El compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción sigue firme. Este acuerdo no busca exponer información públicamente, sino fortalecer la trazabilidad financiera y la integridad en el gasto público, finalizó el presidente.
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