El hecho que el Congreso de la República haya rechazado con 91 votos en contra las objeciones que presentó el grupo duro del bloque oficial de Semilla, es casi inminente que el Presidente de la República Bernardo Arévalo vete el polémico Decreto 7-2025. Que facilita la corrupción en obras municipales más conocida como Ley CODEDES.
Ayer tarde de martes, en la sesión celebrada, el Pleno del Congreso de la República no aprobó ni modificó las nueve objeciones y recomendaciones presentadas al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que fue aprobado por la X Legislatura el pasado 2 de septiembre, el cual garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo local que no se ejecuten este años pero se presta a la corrupcion.
Sin embargo, esta ley ha sido criticada y rechazada por la sociedad civil, mientras que los alcaldes y el bloque opositor, que aprobó el Decreto, están a favor de ceder el poder a los jefes edilicios.
Durante la sesión plenaria de los razonamientos fueron solicitados por los diputados oficialistas Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Duvalier Castañón, Mirna Victoria Godoy, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.
En el razonamiento de la diputada Villalta manifestó que la petición está fundamentada en el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-(Decreto 63-94), en el que expone que con la normativa aprobada se vulnerara los principios de retroactividad de la Ley y certeza jurídica, ya que, en el Artículo 1 del Decreto 7-2025 se establece reformas al Artículo 5 del Decreto 27-2024, una normativa vigente.
Según la parlamentaria Villalta, el Artículo 5 de la normativa recién aprobada se refiere a la vigencia, una vez publicada en el Diario Oficial entra en vigor el día siguiente, y cobra vigencia el 31 de diciembre de 2026, sin embargo, el Decreto 27-2024 fue publicado el 5 de diciembre 2024 en el Diario Oficial, en consecuencia sus efectos jurídicos se encuentran vigentes, por lo que la reforma sobre la vigencia, implica un cambio sustancial en las condiciones de vigencia, afectando los actos administrativos dictados bajo el régimen original, los contratos suscritos y conforme a la normativa inicial y afectaría la planificación plurianual de las obras públicas por parte de los Consejos de Desarrollo, acciones ya acaecidas en el pasado, como lo puede ser la obligación.
Pese a ello, al momento de votar, Semilla no logró germinar muchos votos y se perdió. El legislador Duay Martínez, mencionó que su voto fue en contra ya que la función de los congresistas es apoyar a las comunidades más lejanas del país.
Finalmente, el legislador Barrera, también ponente de objeciones, mencionó que la normativa puede generar actos de corrupción.
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