El abogado Willian Armando Vanegas presentó ante el Ministerio Público MP dos denuncias penales por corrupción en Puerto Quetzal, Escuintla que señalan anomalías graves en el uso de recursos públicos y en los procesos de contratación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en las que se acusa a varios funcionarios públicos de dicha entidad, al Vicealmirante José Antonio Lemus en su calidad de presidente de Empresa Portuaria Quetzal y a empresas y particulares ante la comisión de potenciales delitos.
Debido a estas irregularidades, al presentar su denuncia Vanegas señaló que desde noviembre de 2024 Puerto Quetzal no cuenta con cámaras operativas, lo que compromete la seguridad, el control operativo y la integridad institucional y de las mercancías que se mueven por sus instalaciones.
Las acciones legales buscan que se determinen responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales por decisiones que, según la denuncia, han deteriorado la eficiencia, la transparencia y la seguridad de uno de los principales puertos del país.
De acuerdo con la documentación presentada, ambas denuncias describen irregularidades administrativas graves dentro de Puerto Quetzal vinculadas con la ejecución de proyectos y los procesos de contratación pública.
Los expedientes señalan ausencia de supervisión técnica, fallas en los mecanismos de control interno y decisiones administrativas sin respaldo documental, elementos que comprometen el uso adecuado de los recursos y el funcionamiento operativo del puerto.
La primera denuncia expone que el proyecto “Smart Port”, contratado en 2023 por Q55.4 millones para modernizar Puerto Quetzal, nunca se ejecutó, pero fue pagado como si se hubiera entregado completamente.
No existe ningún sistema funcionando, no hay informes de avance, no hay entregables, no hay evidencia técnica de implementación y no se justifica el uso de los recursos. La denuncia señala que, aun así, autoridades de Puerto Quetzal dieron por recibido el proyecto y avalaron el pago total, lo que constituye un hecho grave que habría generado una pérdida millonaria para el Estado.
Por estos hechos, se solicita investigar por asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado por sustracción, malversación y enriquecimiento ilícito de particulares a Grupo Innovación, S.A. y a las personas Juan Pablo Pérez Bercián, Mario Mejicanos Méndez, Angelo Paolo Arévalo Argueta, Oscar Armando López Jiménez, a varios funcionarios públicos de Empresa Portuaria Quetzal y a José Antonio Lemus Guzmán, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de EPQ.
La denuncia plantea que se habría autorizado, pagado y cerrado un proyecto inexistente, sin beneficio operativo para el puerto, generando un posible perjuicio al patrimonio del Estado.
La segunda denuncia documenta un esquema reiterado de compras fraccionadas a favor de la empresa Data Expert, S.A. por servicios de instalación y mantenimiento de un sistema de videovigilancia (CCTV). Según los registros de Guatecompras, en 2024 EPQ realizó 91 compras directas a esa misma empresa, cada una por Q74,800.00, sumando más de Q6 millones, sin realizar procesos de licitación o cotización, pese a que la suma conjunta supera los límites legales para compras directas. La denuncia plantea que este patrón fue utilizado para evadir la Ley de Contrataciones del Estado y restringir la competencia de otros proveedores.
Producto de esta investigación se verificó que desde noviembre de 2024 Puerto Quetzal no cuenta con sistema de cámaras operativo, lo que representa un riesgo grave para la seguridad de la carga y de las operaciones en un punto estratégico de comercio nacional.
En este caso, se denuncia por asociación ilícita, fraude, abuso de autoridad y peculado por sustracción a Juan José Pirir Castillo, representante legal de Data Expert, S.A., a varios funcionarios públicos de Empresa Portuaria Quetzal que autorizaron y tramitaron las contrataciones directas reiteradas y a José Antonio Lemus Guzmán, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de EPQ. La denuncia señala además que la empresa beneficiada fue constituida por el abogado César Amílcar Pantaleón Herrera y está dirigida por Juan José Pérez Castillo, información que adquiere relevancia por su vinculación con actores políticos que han ocupado altos cargos públicos.
Ambas denuncias ilustran un patrón grave dentro de Puerto Quetzal: recursos públicos destinados a un proyecto de “modernización” que nunca existió en la práctica y un esquema de compras fraccionadas que benefició a una sola empresa a costa de la transparencia, la legalidad y la eficiencia operativa del puerto. Por ello, se solicita al Ministerio Público revisar contratos, pagos, actas de recepción, procesos internos y la responsabilidad de todos los involucrados, con el fin de proteger el interés público y recuperar la integridad de esta infraestructura estratégica para la economía nacional.