Como era de esperarse, el CACIF rechazó el incremento recientemente decretado por el gobierno de Guatemala, según ellos, ya que carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad, a pesar de que el precio de la canasta básica se incrementó y el dinero ya no le alcanza a los guatemaltecos.
Lo anterior fue expresado por medio de un comunicado el sector privado organizado participó de forma, según ellos, responsable y propositiva en los espacios de diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país.
El CACIF señala que el aumento, al no contar con una base técnica suficiente, debilita la generación de empleo formal y agrava el problema estructural de la informalidad en el país, que ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos (cerca del 70% de la población).
Además, indican que miles de trabajadores podría verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y a la seguridad social.
En el comunicado el CACIF añade que, en el 2025, esta decisión la tendencia de recuperación del empleo formal, evitando la creación de aproximadamente 40 mil puestos de trabajo. El incremento para 2025 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes.
“Las MIPYMES, que representar ocho de cada diez empresas afiliadas al CACIF y sus cámaras, serán las más afectadas, poniendo en riesgo su sostenibilidad y su capacidad de generar empleo”.
Analistas señalan que cada vez que se anuncia un incremento de 200 o 300 quetzales al salario mínimo, de inmediato sus empresas suben los precios de sus productos, golpeando el miserable incremento, dejando nuevamente a los guatemaltecos en la miseria en la que siempre los han mantenido.
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