El Ministerio Público (MP) informó que mantiene abiertas las pesquisas relacionadas con la denuncia sobre la presunta desaparición de un recién nacido en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla. Los resultados iniciales de la investigación descartan que haya ocurrido un rapto dentro del centro asistencial y señalan la posibilidad de que se trate de una simulación de delito, lo que ha generado amplio debate público en torno a la seguridad hospitalaria y la responsabilidad penal de quienes presentan denuncias falsas.
La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2025, cuando una mujer identificada como Juárez aseguró que había dado a luz en el hospital y que su bebé había sido sustraído. Ante la gravedad del señalamiento, el MP inició un proceso de investigación exhaustivo que incluyó la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, registros de ingreso y salida del hospital, así como distintos informes técnicos.
De acuerdo con los hallazgos, las imágenes muestran que Juárez ingresó al hospital durante la noche del 27 de agosto aparentando estar embarazada, pero abandonó el lugar horas después con otra indumentaria, sin que se observaran signos visibles de gestación. Los registros internos del IGSS tampoco consignan su ingreso al área de maternidad.
A estos elementos se suma el dictamen médico forense elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual concluyó que la mujer no presentaba señales clínicas compatibles con un embarazo previo y que la prueba correspondiente arrojó resultado negativo. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que no existió parto ni desaparición de un recién nacido dentro del hospital.
El MP recordó que el artículo 453 del Código Penal tipifica la simulación de delito como una conducta sancionable, consistente en afirmar falsamente la comisión de un hecho delictivo con el fin de inducir a un proceso penal. En este caso, la investigación apunta a que la denuncia podría haber sido fabricada, lo que abriría la puerta a responsabilidades legales contra la denunciante.
El caso ha generado atención mediática y preocupación ciudadana, pues inicialmente se difundió la versión de un supuesto rapto, lo que provocó alarma en la población de Escuintla. Posteriormente, las diligencias del MP y los informes técnicos han ido aclarando el panorama, descartando la desaparición de un bebé y enfocando la investigación en la posible simulación.
En reuniones interinstitucionales, autoridades del IGSS, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) han dado seguimiento al caso. En una de ellas se presentó un documento firmado en 2013 por la paciente y su esposo, solicitando voluntariamente una esterilización médica debido a cesáreas prematuras previas, lo que refuerza la conclusión de que no existía posibilidad clínica de embarazo.
El MP subrayó que las pesquisas continúan y que será el órgano jurisdiccional correspondiente el que determine las responsabilidades legales que puedan derivarse. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo observación pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad hospitalaria, así como de sancionar con firmeza las denuncias falsas que generan alarma social y desvían recursos institucionales.
Esto debe servir a los políticos y diputados de Escuintla a que sean cuidadosos com estos temas por que salen quemados aprovechando llevar agua a su molino com fines políticos.
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