En el debate público ha resurgido la discusión sobre el alcance y efectividad de la defensa de los derechos de los usuarios del transporte colectivo en Guatemala, particularmente en lo relacionado con la supervisión del servicio y la protección de los pasajeros frente a posibles incumplimientos por parte de los operadores.
Diversos sectores han señalado que la labor del defensor de los derechos de los usuarios del transporte de la PDH , Edgar Guerra, ha estado marcada por reuniones con transportistas y acciones de mediación; sin embargo, cuestionan si estas gestiones han sido suficientes para incidir en mejoras estructurales del servicio.
En el Congreso llamó la atención que Edgar Guerra no se pronunció sobre la presión de los transportistas, de que no entrara en vigencia la colocación de los reguladores de velocidad y con amenazas de paro nacional lo lograran este martes al darle por medio de una ley una prórroga de un año.
Por su parte, la Dirección General de Transportes (DGT) mantiene operativos de verificación en distintos puntos del país para supervisar que las unidades circulen conforme a la normativa vigente. No obstante, estos controles, realizados principalmente en horarios de madrugada y al finalizar la tarde, no cuentan con el acompañamiento de la instancia encargada de la defensa de los usuarios, cuya actuación se concentra mayoritariamente en horarios administrativos.
El tema vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, coordinación interinstitucional y vigilancia permanente, con el objetivo de garantizar un servicio de transporte más seguro, regulado y centrado en la protección de quienes lo utilizan diariamente.
Sin embargo, la participación de la defensoría de los derechos de los usuarios del transporte de la PDH aunque es necesaria, no ha tenido participación ni ha sido visible para ese segmento de la población.