Por: Mario Reyes / marioelmetro@gmail.com
Hay una desconexión perversa entre las sábanas de datos estadísticos que se presentan en los hoteles de la zona viva y la realidad que se respira en las paradas de autobús de la zona 18 o en los callejones de la zona 6. Es la eterna paradoja de la seguridad pública en Guatemala: los números macroeconómicos de la delincuencia bajan, pero los ataúdes se siguen llenando al mismo ritmo —o peor— de siempre.
El último informe del Índice de Denuncias de Delitos (IDD) nos regala un titular de esos que a los funcionarios de turno les encanta enmarcar: una reducción general del 5.56% en la criminalidad global y un respiro aparente en las denuncias por extorsión. Sobre el papel, el país progresa. En la práctica, el mes de mayo de 2026 cerró como el mes más violento en lo que va del año, con 297 homicidios documentados.
¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que las cosas van bien cuando mayo registró la cifra más alta de sangre derramada en cinco meses? He ahí el peligro de gobernar y evaluar la seguridad desde un escritorio.
El informe desnuda una realidad que nos negamos a corregir: la absoluta focalización del terror. Que cuatro de cada diez homicidios ocurran en el departamento de Guatemala, y que apenas cinco zonas de la ciudad capital (18, 6, 7, 1 y 12) concentren el 60% de las muertes del municipio, no es una casualidad; es una negligencia geográfica. Esas zonas no son simples puntos en un mapa para analistas de datos; son territorios abandonados donde el Estado ha cedido el monopolio de la fuerza y la justicia a las pandillas y a las mafias del microtráfico.
Más doloroso aún es revisar el perfil de las víctimas. El 60% de los fallecidos en mayo tenían entre 18 y 35 años. Estamos enterrando a la fuerza laboral, al futuro inmediato del país, a una generación que crece sabiendo que su esperanza de vida está condicionada por la calle en la que caminan o el modelo de motocicleta que conducen.
Es justo reconocer que las denuncias por extorsión muestran una tendencia a la baja en comparación con el año pasado (de una tasa de 150 a 118 por cada 100 mil habitantes). Pero como viejo lobo de redacción, uno aprende a desconfiar de las matemáticas del miedo. ¿Bajan las extorsiones porque hay más capturas y mejor inteligencia policial, o bajan porque el comerciante, el transportista y el tendero ya no confían en el Ministerio Público y prefieren pagar en silencio para salvar el pellejo? La tasa interanual mide denuncias, no la impunidad ni el silencio impuesto por el cañón de una pistola.
El monitoreo de la Coalición por la Seguridad Ciudadana es una herramienta de un valor incalculable, pero su utilidad real no radica en servir de termómetro estático de nuestra desgracia. Los datos están sobre la mesa. Sabemos dónde matan, a quiénes matan y a qué hora matan. Continuar aplicando patrullajes genéricos y discursos triunfalistas ante una violencia quirúrgica e hiperfocalizada no es solo un error de estrategia; a estas alturas de nuestra historia, ya es complicidad.