Por Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
Mientras los titulares internacionales y las mesas de análisis se desgastan debatiendo las fluctuaciones del petróleo y las tensiones en el Medio Oriente, en Guatemala libramos una guerra silenciosa y cotidiana. Es una batalla cruel que se pelea en los mostradores de las farmacias, donde semana a semana los precios de los medicamentos sufren alzas injustificadas que desangran la economía de las familias guatemaltecas.
Hoy, en nuestro país, enfermarse es un lujo que la mayoría no puede pagar. Adquirir un tratamiento para enfermedades crónicas o incluso para una afección común significa, para miles de hogares, la desgarradora decisión entre comprar comida o comprar salud. Y frente a este saqueo sistematizado de las farmacéuticas, nuestras autoridades han decidido ser cómplices.
Por un lado, tenemos a un Congreso de la República donde la urgente «Ley de Medicinas» sigue durmiendo el sueño de los justos. Los diputados, muy diligentes para pactar agendas políticas y alianzas de impunidad, se han hecho de la vista gorda ante una legislación que podría poner freno a los abusos del mercado. Su inactividad no es casualidad; es el reflejo de un Legislativo que legisla para los financistas y los monopolios, dándole la espalda a quienes los eligieron.
Pero la decepción no se queda en el hemiciclo. El gobierno central, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, mantiene una postura de oídos sordos y brazos cruzados. La inactividad del Ejecutivo ante la voracidad de las cadenas farmacéuticas contradice cualquier promesa de velar por el bienestar social. ¿Dónde están la DIACO y el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el liderazgo presidencial para intervenir en un mercado que está asfixiando a la población?
No podemos seguir excusando la inoperancia local con crisis internacionales. El petróleo en Oriente Medio no justifica que un jarabe o una pastilla para la presión cuesten en Guatemala hasta tres veces más que en países vecinos.
Es momento de exigir cuentas. La salud no es una mercancía sujeta a la especulación; es un derecho humano fundamental. Si los diputados y el presidente Arévalo continúan ignorando esta emergencia, pasarán a la historia no solo como funcionarios ineficientes, sino como cómplices del dolor y la desesperación de un pueblo al que juraron proteger.