La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dejar sin efecto la resolución que había suspendido de manera temporal la construcción de la prisión de máxima seguridad El Triunfo, en el departamento de Izabal.
Con esta decisión, el máximo tribunal en materia constitucional dio con lugar al ocurso promovido por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz Ramos, y anuló la actuación emitida el pasado 27 de marzo por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal.
La resolución, dada a conocer mediante información publicada por el Diario de Centro América, representa un nuevo avance para el proyecto penitenciario que impulsa el Gobierno y que busca fortalecer la capacidad del sistema carcelario para recluir a integrantes de estructuras criminales de alta peligrosidad.
CC señala falta de competencia de la Sala de Apelaciones
En su resolución, la Corte de Constitucionalidad concluyó que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal actuó fuera de su ámbito de competencia al conocer la acción de amparo que había detenido provisionalmente la construcción del recinto.
Además de declarar con lugar el ocurso, la alta Corte previno a dicho tribunal que, en futuras ocasiones y frente a situaciones similares, limite su actuación conforme a las facultades que expresamente le otorga la normativa procesal vigente.
Asimismo, ordenó que el expediente original del amparo sea remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que ese órgano es el competente para conocer el caso por razones de jerarquía, materia y territorio.
Con ello, queda sin efecto la resolución que mantenía suspendido el avance del proyecto.
El amparo fue presentado un día después del anuncio oficial
El Gobierno presentó oficialmente el proyecto el pasado 26 de marzo, cuando el presidente Bernardo Arévalo, acompañado por los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, Henry Saenz, colocaron la primera piedra del que sería el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad.
La cárcel tendría capacidad para albergar aproximadamente 2 mil pandilleros, como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate contra las estructuras criminales y reducir el hacinamiento en otros centros de detención.
Sin embargo, apenas un día después del anuncio, cuatro personas que se identificaron como líderes comunitarios promovieron una acción de amparo con el objetivo de detener la ejecución de la obra.
Fue esa resolución provisional la que ahora quedó anulada por la Corte de Constitucionalidad.
Construcción tardaría alrededor de un año
De acuerdo con las autoridades, la construcción del centro penitenciario, está a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército y está proyectada para completarse en un período estimado de 12 meses.
El recinto fue diseñado bajo criterios de máxima seguridad y forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo para reforzar el control dentro del sistema penitenciario y reducir la operación de estructuras delictivas desde las cárceles.
La infraestructura también busca ampliar la capacidad del sistema penitenciario nacional mediante un espacio especializado para privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
El nuevo centro carcelario será construido en un inmueble recuperado por el Estado mediante un proceso de extinción de dominio, luego de haber sido vinculada al narcotraficante Mario Ponce.
Según el Gobierno, el terreno había sido utilizado anteriormente para actividades ilícitas y ahora será destinado a un proyecto orientado al fortalecimiento de la seguridad pública.
La reutilización del inmueble forma parte de la estrategia estatal para transformar bienes vinculados al crimen organizado en infraestructura destinada al beneficio de la población.
El proyecto estará ubicado en Morales, Izabal
La prisión de máxima seguridad El Triunfo será edificada en la aldea Las Quebradas, municipio de Morales, departamento de Izabal.
Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el proceso judicial regresa a la instancia que corresponde, mientras el Gobierno obtiene un respaldo legal para continuar con el desarrollo de uno de los proyectos penitenciarios considerados prioritarios dentro de su política de seguridad.
La decisión del máximo tribunal constitucional representa un paso relevante para la continuidad de la obra, cuya finalidad es incrementar la capacidad del sistema penitenciario y fortalecer las acciones del Estado contra las organizaciones criminales que operan en Guatemala.
Texto Lincy Rodríguez
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