Por: Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
La finalización del subsidio a los combustibles en Guatemala marca el despertar abrupto de un letargo artificial. Durante meses, esta medida operó como un analgésico temporal frente a una enfermedad crónica que la administración del presidente Bernardo Arévalo no ha querido, o no ha podido, tratar desde la raíz: la opacidad y la falta de regulación efectiva en el mercado de hidrocarburos de nuestro país. Hoy, al retirarse este «apoyo» gubernamental, el golpe a la economía familiar guatemalteca es directo, severo e ineludible.
El impacto económico en el bolsillo de los ciudadanos va mucho más allá del momento en que el conductor llena el tanque de su motocicleta o vehículo. El retiro del subsidio desencadena un efecto dominó que asfixia a la clase trabajadora. El transporte de carga y de pasajeros, arterias vitales del comercio nacional, traslada inmediatamente este sobrecosto al consumidor final. Estamos ante la antesala de un nuevo encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), donde productos esenciales como el frijol, el maíz, las verduras y los huevos verán ajustados sus precios hacia el alza por el simple hecho del costo de flete.
Lo más frustrante para el guatemalteco es la paradoja del mercado internacional frente al local. Mientras observamos cómo a nivel global el barril de crudo Brent ha registrado caídas y se cotiza a la baja (incluso por debajo de los $76 dólares debido a distensiones geopolíticas), en los letreros de las gasolineras del país los precios se aferran a mantenerse altos, rondando los Q31 y Q33 por galón. Sin la barrera del subsidio, los importadores y expendedores tienen vía libre para maximizar sus márgenes de ganancia ante la inactividad del Estado.
Aquí es donde recae la principal crítica hacia el Ejecutivo. El uso de subsidios no es una política pública sostenible; es un gasto paliativo que, irónicamente, sale de los mismos impuestos que paga la población. Celebrar un subsidio es aplaudir que el gobierno nos devuelva, por un momento y en forma de descuento, el dinero que ya nos cobró. Sin embargo, al finalizar la medida, la orfandad del consumidor es absoluta. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) continúan operando como espectadores pasivos, emitiendo monitoreos tibios que carecen de peso coercitivo o capacidad de auditoría real sobre la estructura de costos de las grandes importadoras.
El impacto del fin del subsidio no se medirá solo en los quetzales extra por galón, sino en la reducción de las raciones de comida en la mesa de las familias más vulnerables y en la pérdida del poder adquisitivo de la clase media.
Es momento de que el gobierno asuma su rol rector. Guatemala no necesita vivir endeudándose para subsidiar combustibles eternamente; necesita instituciones fuertes que auditen, vigilen y garanticen que, cuando el petróleo baje en el mundo, la gasolina baje en nuestro país de manera proporcional e inmediata. Mientras el Ejecutivo siga escudándose en el «libre mercado» para justificar su parsimonia, el fin de los subsidios seguirá siendo sinónimo de asfixia económica para millones de guatemaltecos.