Un tribunal del departamento de Quiché ordenó restituir la posesión absoluta de su vivienda a doña Juana Santiago Chel, tras anular unas escrituras que su propio hijo obtuvo de manera fraudulenta para despojarla de su propiedad y echarla a la calle. La resolución judicial falló a favor de la madre, imponiendo una multa millonaria, medidas de seguridad definitivas y la destitución de los agentes policiales que ejecutaron el desalojo.
El fallo judicial reconoció legalmente a doña Juana Santiago Chel como la única y legítima propietaria del inmueble, revirtiendo el despojo del que fue víctima. Como parte central de la sentencia, el tribunal dictaminó que tanto el hijo de la afectada como la jueza involucrada en el proceso anómalo deberán pagar de forma conjunta la suma de Q1,200,000.
Este monto fue fijado en concepto de resarcimiento para cubrir los daños y perjuicios materiales, así como las severas secuelas morales y psicológicas provocadas a la víctima al ser expulsada de su propio hogar mediante engaños legales.
Aunque no se emitieron declaraciones públicas de las partes, el fallo del tribunal es categórico en su resolución. El documento judicial dictaminó que las escrituras presentadas originalmente fueron anuladas tras comprobarse que el hijo las obtuvo «de manera fraudulenta para concretar su desalojo», evidenciando una grave colusión para corromper el sistema de justicia a nivel local.
Este caso saca a la luz las vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas frente al robo de patrimonio familiar, incluso proviniendo de su círculo más íntimo. El desalojo inicial en contra de doña Juana se había llevado a cabo bajo una aparente legalidad gracias a la falsificación de documentos y la complicidad de una jueza, lo que permitió utilizar la fuerza pública para obligar a la legítima dueña a abandonar su residencia en Quiché.
Para garantizar la integridad y tranquilidad de la víctima, el juzgado dictó una orden de alejamiento inmediata e indefinida contra el hijo, prohibiéndole de manera estricta acercarse o visitar a su madre.
Las repercusiones del fraude también alcanzaron a las fuerzas de seguridad. Las autoridades confirmaron que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a ejecutar la orden de desalojo irregular fueron destituidos de sus cargos y dados de baja de la institución de forma inmediata.
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