Las especialistas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jskuleviciené, integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, presentaron un informe preliminar sobre su visita a Guatemala, en el que identificaron una serie de desafíos relacionados con la actividad empresarial y la protección de los derechos fundamentales.
Entre las principales preocupaciones señaladas figuran la exclusión y desigualdad en el acceso a la tierra, los desplazamientos históricos, registros catastrales incompletos, reclamaciones superpuestas y la concentración de grandes extensiones territoriales en manos de pocos propietarios.
Según las expertas, estas condiciones continúan generando disputas territoriales que se encuentran en el centro de numerosas violaciones a los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo indicó que recibió denuncias sobre desalojos de pueblos indígenas sin diálogo ni consentimiento de las comunidades, así como señalamientos sobre falta de notificación oportuna, información culturalmente adecuada y la presunta participación irregular de agentes de seguridad privada en la destrucción de viviendas y cultivos.
Asimismo, las especialistas expresaron preocupación por las denuncias de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas integrantes de pueblos indígenas, representantes de organizaciones sociales, abogados y periodistas, debido a sus denuncias sobre actividades empresariales. Indicaron que algunas personas han enfrentado acusaciones de terrorismo, asociación ilícita, usurpación y delitos contra la propiedad privada.
En materia ambiental, el informe documentó casos de impactos negativos relacionados con la contaminación y disponibilidad de agua, actividades mineras, proyectos hidroeléctricos, monocultivos y la expansión de operaciones empresariales hacia áreas protegidas.
Las expertas mencionaron particularmente los problemas de acceso al agua potable que enfrentan comunidades de San Marcos.
El Grupo de Trabajo también manifestó preocupación por la situación laboral en algunos sectores, donde trabajadores denuncian jornadas con escasos períodos de descanso, falta de equipos de protección y presuntas irregularidades en el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social.
Aunque reconocieron el aumento de inspecciones laborales desde 2024, recomendaron fortalecer las instituciones responsables mediante mayores recursos financieros y humanos.
Las especialistas también alertaron sobre la persistencia de denuncias de discriminación, desigualdad de género, violencia y acoso sexual en los centros de trabajo, y recomendaron fortalecer las políticas públicas y privadas para garantizar mayores oportunidades y protección para las mujeres.
Como conclusión, el Grupo de Trabajo reconoció la apertura y el compromiso expresado por el Gobierno de Guatemala para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, pero advirtió que la falta de recursos institucionales, las debilidades del sistema judicial y los impactos de actividades empresariales sobre la tierra, el agua, el ambiente, los pueblos indígenas y los derechos laborales continúan siendo desafíos prioritarios para el país.
Texto: Francisco Javier Hurtarte Gordillo