El Partido Victoria solicitó que se destrabe inmediatamente el trámite del Decreto 21-2026 y que la ley aprobada sea remitida al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación, conforme al procedimiento constitucional. La publicación de esta ley permitirá que entre en vigor el límite temporal establecido al precio de los combustibles, especialmente del diésel.

Esta medida dará certeza a las familias guatemaltecas, evitará incrementos descontrolados y brindará un período de tranquilidad mientras se construye una solución permanente. Las objeciones no fueron planteadas legalmente contra el Decreto 21-2026 Las observaciones y objeciones presentadas identificaron un decreto diferente.

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Por esa razón, jurídicamente no fueron formuladas contra el Decreto 21-2026 y no debieron tramitarse como si estuvieran dirigidas a esta ley. No se trata de impedir la fiscalización ni de limitar el debate político. Se trata de cumplir la ley y respetar el procedimiento legislativo. En consecuencia, las objeciones debieron rechazarse y el decreto debió enviarse oportunamente al Organismo Ejecutivo, evitando prolongar la incertidumbre que afecta a toda la población.

El precio del diésel afecta la vida diaria de todos El aumento de los combustibles no perjudica únicamente a quienes poseen un vehículo. Cuando sube el diésel, también aumentan los costos del transporte público, los alimentos, los medicamentos, la producción agrícola, el comercio y otros bienes esenciales. Por ello, estabilizar temporalmente su precio significa proteger el ingreso de los trabajadores, la alimentación de las familias, el acceso a la salud, la movilidad y la continuidad de las actividades productivas.

Proteger la economía familiar también significa proteger derechos humanos Los derechos económicos y sociales no pueden separarse de las condiciones materiales en las que vive la población. Cuando el precio del combustible eleva el costo de los alimentos, del transporte y de los servicios básicos, se afectan especialmente los derechos de las familias con menores ingresos. La aplicación del decreto contribuirá a proteger: -El derecho a la alimentación. -El acceso a la salud. -El derecho al trabajo. -La movilidad de las personas. -La estabilidad económica de las familias. -Una vida digna y el bienestar colectivo.

El Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas legales que protejan a la población frente a situaciones extraordinarias y que coloquen el bien común por encima de los intereses particulares. Una medida temporal para atender la emergencia El Partido Victoria reconoce que el límite de precios es una medida temporal y que no resolverá por sí solo las causas estructurales del encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, permitirá atender la emergencia inmediata y ofrecer certeza mientras se busca una respuesta duradera.

Durante ese período deben convocarse trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, empresarios, universidades, organizaciones sociales y autoridades públicas para construir una política energética sostenible y responsable. “Publicar esta ley significa llevar tranquilidad a los hogares, proteger la economía familiar y defender el bien común. Primero debemos atender la emergencia; al mismo tiempo, debemos construir una solución permanente para Guatemala”, expresó el Partido Victoria.

La agrupación concluyó que el país necesita una respuesta inmediata, certeza sobre los precios y un diálogo nacional que permita alcanzar una solución sostenible al problema de los combustibles. La población no debe continuar esperando. La ley aprobada debe concluir su trámite y publicarse en beneficio de todos los guatemaltecos.

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