El diputado de Raíces Samuel Pérez, acompañado por los legisladores Andrea Reyes y Ronalth Ochaeta, presentó ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República una iniciativa de ley orientada a establecer un marco de protección para las personas que trabajan mediante plataformas digitales y utilizan estas aplicaciones como fuente principal o complementaria de ingresos.

La propuesta busca regular las condiciones laborales de quienes prestan servicios a través de plataformas de transporte, reparto y otras actividades similares, entre ellas aplicaciones como Uber y PedidosYa. Los diputados plantean que, aunque esta modalidad ofrece flexibilidad para quienes la utilizan, también debe contar con mecanismos que garanticen derechos laborales mínimos y protección social.

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Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que estos trabajadores puedan acceder a la seguridad social, incluyendo mecanismos de afiliación y cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Actualmente, una de las principales dificultades de este sector es determinar la naturaleza de la relación entre las plataformas y las personas que prestan los servicios, situación que puede dejarlas fuera de las protecciones asociadas al empleo formal. Un estudio del propio IGSS ha señalado la necesidad de actualizar los marcos normativos frente a estas nuevas formas de trabajo.

La iniciativa también plantea establecer garantías relacionadas con el salario mínimo y otros derechos reconocidos por la legislación laboral guatemalteca. De acuerdo con los planteamientos de los diputados, la regulación buscaría que las condiciones de quienes trabajan mediante aplicaciones sean analizadas dentro del marco del Código de Trabajo, tomando en cuenta aspectos como remuneración, seguridad social y protección ante riesgos derivados de la actividad que realizan.

El debate adquiere relevancia debido al crecimiento de la llamada economía de plataformas, que incluye actividades de transporte, entrega de alimentos y mercancías, comercio electrónico y trabajos independientes. Un informe sobre Guatemala estima que los trabajadores de plataformas representan entre 1% y 2% de la población ocupada, aunque advierte que es difícil establecer una cifra exacta por las características de este tipo de actividad.

Con la presentación del proyecto, corresponde ahora que la iniciativa avance en el proceso legislativo y sea analizada por las comisiones que correspondan. La discusión deberá determinar cómo se definiría la relación laboral, quién asumiría las obligaciones de seguridad social y cómo se garantizarían los derechos laborales sin eliminar la flexibilidad que caracteriza a este tipo de trabajo.

La iniciativa también puede analizarse a la luz de los cambios internacionales recientes: en junio de 2026 la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) adoptó el Convenio 193 sobre trabajo decente en la economía de plataformas, que aborda específicamente derechos y condiciones laborales de este sector. Texto:

Francisco Javier Hurtarte

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