La Comisión de Reformas al Sector Justicia, que preside el diputado Álvaro Arzú Escobar, dió seguimiento al análisis de la iniciativa 6598, que plantea reformas a la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, con la participación de Ludving Ortega, Secretario General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien se refirió principalmente el destino de las evidencias y el perfil biológico.
Entre las propuestas de modificación, se plantea que en el tratamiento de remanentes biológicos derivados del análisis técnico-científico, estos podrán ser eliminados conforme a los protocolos técnicos, sanitarios y de bioseguridad aplicables, debiendo verificar el Inacif que antes de la eliminación de los remanente biológicos, los perfiles genéticos obtenidos hayan sido incorporados y resguardados en las bases de datos correspondientes.
En cuanto a la donación voluntaria, se propone que toda persona mayor de edad podrá acudir al Inacif para dar su muestra biológica de manera voluntaria, debiendo atender al donante, tomar y procesar la muestra, para registrar y buscar el perfil genético obtenido en el Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. En el caso de los menores de edad, podrán hacerlo únicamente con la autorización de sus padres o de sus tutores.
Legítima defensa bajo análisis
En una segunda reunión, la comisión continuó con el análisis de la iniciativa 6837, que propone reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer la legítima defensa, con el objetivo de revisar sus alcances y precisar las disposiciones que plantea, principalmente en las condiciones que justifican el actuar para el resguardo de la integridad y el patrimonio ante una agresión.
Al respecto, el diputado Ronald Portillo señaló la importancia del fortalecimiento en las disposiciones legales para la protección de la vida, la familia y la propiedad, priorizando la defensa ante una agresión sin que ello implique, automáticamente, enfrentar consecuencias penales. Entre los cambios, destaca la incorporación de presunciones para proteger a las personas que actúan ante una agresión en su vivienda, vehículo o establecimiento ocupado, sin excluir la posibilidad de presentar pruebas en contrario.
Además, los legisladores abordaron los criterios relacionados a las causas de justificación, las presunciones y límites de la legítima defensa, la audiencia de primera declaración, prisión preventiva, medidas sustitutivas y efectos civiles de la legítima defensa. Los integrantes de la sala de trabajo, acordaron continuar con el análisis y discusión del proyecto de ley en la próxima sesión ordinaria de la comisión.
En la reunión participaron los diputados Héctor Aldana, Cornelio Garcia, Carlos López, José Carlos Sanabria, Ronald Portillo, así como las congresistas Andrea Reyes y Sandra Jovel.
