Medios de comunicación y entidades de prensa nacional se manifestaron desde ayer por la orden emanada del juez Jimi Bremer Ramírez de investigar a periodistas y columnistas y exigen detener proceso para no violentar la Libre Emisión del Pensamiento y violar la Constitución Política de la República.
La decisión del juzgador del juzgado décimo penal se basó en una solicitud del Ministerio Público quien pide que periodistas y columnistas de El Periódico, así como de otros medios de comunicación sean investigados en el caso que se lleva contra el periodista Rubén Zamora, lo que generó repudio por la prensa nacional e internacional quienes exigen el respeto a la libertad de prensa y que se detengan las pesquisas.
Zamora es investigado por dos casos: Uno por supuesto lavado de dinero y otro por presunta obstrucción a la justicia y según el Ministerio Público los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción de la justicia.
Analistas jurídicos señalan que el segundo párrafo del artículo 35 de la Carta Magna dice que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
APG condena nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión
Por su parte la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, condenó enérgicamente el intento de acallar a diferentes periodistas y medios de comunicación, tras la decisión del juez décimo penal Jimi Bremer, quien ha ordenado criminalizar a varios periodistas y columnistas del matutino El Periódico, por publicaciones realizadas en el proceso que se sigue contra José Rubén Zamora.
Lo anterior fue expresado por medio de un comunicado en el que señalan que la decisión del juzgador fue emitida tras la petición de la fiscal del MP, Cinthya Monterroso quien lleva el caso de Zamora y que viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derechos constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna”.
La APG rechaza el contubernio existente entre el MP y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa y añade que el artículo 35 de la ley constitucional “no constituyen delito de calumnia no injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
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