La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) enfrenta su crisis de credibilidad más profunda bajo la gestión de Sebastián Siero, quien es señalado de pisotear el Artículo 1 de los estatutos al mantener la presidencia mientras funge como Secretario General del Partido Unionista. Esta ambición política ha transformado una entidad que debería ser «apartidaria» en una maquinaria electoral al servicio de una sola bandera, traicionando la confianza de los 340 alcaldes del país que exigen neutralidad y respeto a la institucionalidad.
La desfachatez llega a niveles alarmantes con la figura de Patrick Gramajo, Director Ejecutivo de la ANAM y hombre de confianza de Siero. Gramajo, ex candidato a alcalde por el unionismo, ocupa el cargo en violación flagrante al Artículo 45, que prohíbe terminantemente que directivos partidarios manejen la dirección ejecutiva. Denuncian que la institución se ha convertido en una agencia de empleos y una central de operaciones políticas, donde las reglas se ignoran para favorecer a los aliados del círculo cercano del presidente Siero.
El escándalo trasciende lo administrativo y entra en el terreno judicial con una presunta red de favores en la Corte de Constitucionalidad. Se revela que la magistrada Claudia Elizabeth Paniagua ha sido beneficiada con jugosos contratos que superan los Q177 mil quetzales para este 2026 en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), entidad controlada por Siero. Lo indignante es que estos beneficios habrían llegado apenas cinco días después de que la magistrada votara a favor de amparos que protegieron directamente la gestión del alcalde de Santa Catarina Pinula.
Bajo la sombra del unionismo, los recursos de los trabajadores municipales parecen utilizarse como una «caja chica» para comprar lealtades y aceitar la maquinaria judicial que sostiene a Siero en el poder. Con salarios mensuales que superan los Q15 mil quetzales para asesores estratégicos en las cortes, la transparencia brilla por su ausencia. Mientras los municipios enfrentan carencias, la cúpula de la ANAM prefiere blindar su estructura política con dinero público, poniendo en jaque la autonomía y la ética del municipalismo guatemalteco.
¡Guatemala exige cuentas claras! Es momento de que la ANAM vuelva a trabajar para los pueblos y no para las candidaturas de un grupo que antepone sus colores partidarios al bienestar de la nación. La autonomía municipal no puede ser moneda de cambio para la impunidad ni para el financiamiento de agendas políticas particulares. ¿Hasta cuándo se permitirá este abuso de poder a plena luz del día?
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