Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI informo de los avances en el caso “Red Quijivix” por medio del fiscal Rafael Curruchiche, quien presentó los avances y nuevas diligencias realizadas en el caso “Red Quijivix”, el cual involucra al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
El fiscal Curruchiche recordó que, en el mes de enero, se realizaron diligencias de allanamiento para obtener indicios que permitieran respaldar la investigación. Tras procesar esa información y como parte del seguimiento, este día se efectuaron 14 diligencias de allanamiento con el objetivo de continuar recabando mayores indicios que fortalezcan el caso. Asimismo, se ejecutó la orden de aprehensión solicitada contra Melvin Ernesto Quijivix Vega que fue efectúa este jueves
Antecedentes
El Ministerio Público inició de oficio una investigación, derivada de publicaciones en las que se mencionaba, entre otras personas, al expresidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla y Melvin Ernesto Quijivix Vega, por la presunta creación de una plaza fantasma.
En seguimiento a estos hechos, el fiscal Curruchiche resaltó la situación actual de la querella penal presentada por Carlos Antonio Mendoza Alvarado, en su calidad de Secretario de SEGEPLAN, el 5 de noviembre de 2024. La cual fue asignada al Juzgado Duodécimo Pluripersonal, denunciando nuevamente al expresidente Alejandro Giammattei y otras personas.
Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional emitió una resolución el 6 de noviembre de 2024, por medio de la cual indicaba que previo a resolver, el compareciente debía acreditar con documento fehaciente el nombramiento de la calidad con la que pretende actuar y no con copia simple, asimismo solicitó detallar qué personas gozan de alguna prerrogativa en la denuncia presentada. No obstante, a la presente fecha (ocho meses después) este requisito no ha sido subsanado por el secretario de SEGEPLAN, lo que podría interpretarse como una posible obstaculización a la acción penal o una obstrucción de justicia.
En esa misma línea de tiempo, el 20 de febrero de 2025, la jueza del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural de Guatemala remitió los hechos denunciados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para su debido conocimiento y trámite.
El fiscal reiteró que el Ministerio Público actúa con objetividad e imparcialidad, desvirtuando cualquier señalamiento de protección a personas involucradas, y enfatizó que, pese a la presentación de la querella penal, el requisito previo exigido por ley no ha sido completado, lo que deja en evidencia la doble moral de quienes aseguran luchar contra la corrupción, pero no cumplen con la ley.
Avances en la investigación
El fiscal agregó que, derivado de la denuncia de SEGEPLAN y la denuncia presentada por el INDE, las dos querellas penales y la investigación de oficio, se solicitó información a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual confirmó la existencia de un reporte de transacción sospechosa del sindicado Melvin Ernesto Quijivix Vega.
A través de la fiscalía correspondiente se identificó la trazabilidad del dinero y las empresas vinculadas. Además, la investigación de la FECI estableció que mientras el INDE denunció inicialmente Q8.6 millones, las transacciones alcanzaron un monto por más de Q85 millones, evidenciando la posible participación de diversas personas y entidades relacionadas con Quijivix Vega.
El fiscal también detalló la existencia de bienes vinculados al sindicado, como un vehículo Toyota Tundra modelo 2024, registrado a nombre de una corporación relacionada con Quijivix, sin que se haya demostrado capacidad financiera para adquirirlo. Asimismo, se identificaron otros vehículos que hasta la fecha no han sido localizados, entre ellos un pick-up valorado en aproximadamente Q800,000.00 y dos vehículos tipo camioneta, valoradas en Q1.2 millones.
Finalmente, el jefe de la FECI enfatizó que la investigación abarca a múltiples personas y que, con los avances presentados, el Ministerio Público reitera su compromiso de esclarecer los hechos, desarticular redes criminales y garantizar la correcta aplicación de la ley, actuando siempre con transparencia, objetividad e imparcialidad en la persecución penal.
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