En un hecho histórico, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Jutiapa emitió la primera sentencia condenatoria por el delito de robo y hurto de energía eléctrica, establecido en el reciente Decreto 8-2023 del Congreso de la República.
Esta resolución judicial sienta un precedente importante en busca de eliminar una práctica que ha afectado gravemente a numerosas comunidades guatemaltecas.
La sentencia representa un importante avance en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Al aplicar el nuevo Decreto 8-2023, el cual reformó el Decreto 17-73, Código Penal y el Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada, se endurecen las penas por estas prácticas ilegales.
El sentenciado, Marvin M., fue capturado in fraganti mientras intentaba realizar conexiones directas a las redes eléctricas de la Distribuidora de Electricidad de Oriente, parte de ENERGUATE.
Su acción, además de constituir un delito, ponía en riesgo la seguridad de la comunidad y afectaba el suministro de energía eléctrica, esencial para el desarrollo de las actividades diarias.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas, el juez condenó a Marvin M. a tres años de prisión.
Además, como parte de su sentencia, deberá realizar una donación equivalente a Q4,000 en materiales de construcción para la reparación del techo de una escuela pública de la localidad. Esta medida busca reparar, al menos en parte, el daño causado a la comunidad.
Además, el juez le ordenó realizar una publicación en un periódico nacional en donde informe sobre su condena y exhorte a la población a abstenerse de realizar conexiones ilegales.
Esta medida busca generar conciencia sobre las consecuencias legales y sociales del robo de energía eléctrica.
El impacto del robo de energía eléctrica
El robo de energía eléctrica es un delito que afecta a toda la sociedad. Además de perjudicar a las empresas distribuidoras, este ilícito causa cortes de energía, sobrecarga las redes eléctricas y aumenta el riesgo de incendios.
De acuerdo con información de ENERGUATE, a nivel nacional están registradas 499 comunidades con conflictividad relacionada con la energía.