A la fiscal general del Ministerio Público, MP, no le sale nada bien y se le cae el cielo, pues no solo perdió la elección ante el Consejo Superior Universitario de la USAC, sino que la Organización de las Naciones Unidas la señala de estar implicada en adopciones ilegales durante estuvo dirigiendo el “Hogar Temporal Elisa Martínez” y pide una investigación en este caso.
Lo anterior lo dio a conocer en un comunicado este organismo internacional en el cual la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió un pronunciamiento de personas expertas de la entidad internacional, en la que muestran preocupación por la posible participación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, en un caso de posibles adopciones ilegales de menores indígenas desaparecidos forzosamente.
El escrito menciona que recibieron información sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales, producto de haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, el cual fue dirigido por Consuelo Porras.
De acuerdo con el informe, los menores habrían sufrido desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala, lo cual calificaron de sumamente preocupante.
“Nos preocupa especialmente que no se haya llevado a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, indicaron las personas expertas de la ONU.
Según lo indicado, los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a Consuelo Porras, quien fungió como directora de la entidad y tutora legal de los menores del 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
En línea con lo anterior, las personas expertas explicaron que las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluyendo el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios.
De esta cuenta, las personas expertas de la ONU señalaron que actualmente se está llevando a cabo un proceso de elección de autoridades judiciales, por lo que instaron a los actores a ejercer cautela ante las graves alegaciones, que aún no han sido investigadas.
Derivado de ello, recordaron que Porras se postula actualmente para la elección de Corte de Constitucionalidad y podría ser nominada para reelección como fiscal general esta semana.
Por ello, indicaron que todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones
“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición”, sostuvieron.
Las personas expertas remarcaron que el Estado tiene la obligación, según el derecho internacional de los derechos humanos, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con las adopciones ilegales internacionales y las desapariciones forzadas, y de garantizar que las víctimas y sus familias puedan ejercer plenamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, Consuelo Porras también buscaría ser electa como magistrada del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
ONU en “alarma” por adopciones ilegales que involucrarían a Consuelo Porras
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Derechos Humanos manifestó su preocupación por una denuncia de adopciones ilegales que involucra a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
A través de un comunicado publicado este lunes 16 de febrero, la Organización detalló que recibieron información de, por lo menos, 80 niños indígenas “sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”.
De acuerdo con la información publicada, durante el período en que se dieron las adopciones ilegales, Consuelo Porras, actual fiscal general, era la directora y Administradora del Hogar Temporal Elisa Martínez. Además, era la tutora legal de los niños.
“Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, señalaron las y los expertos de la ONU.
De igual forma, el comunicado refiere que las “adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios”.
Por tal motivo, solicitaron “investigaciones independientes” que permitan dilucidar lo ocurrido y la participación que habría tenido Consuelo Porras en en esta situación.
“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición”, subrayaron.
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