Después de escuchar las acusaciones del Ministerio Público, MP y a la defensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco fueron ligados a proceso pero bajo medida sustitutiva y el pago de una fianza de Q100 cada uno.
El MP pidió que los magistrados fueron enviados a prisión preventiva por considerar que podrían obstruir las investigaciones, pero la juez Karen Chinchilla ligarlos a proceso penal por el delito de fraude con arresto domiciliar, la medida económica antes descrita y prohibición para salir del país.
Los magistrados se presentaron voluntariamente en horas de la mañana para solventar la situación jurídica, ya que tenían una orden de captura por supuestas anomalías en la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En la audiencia de primera declaración que duró cuatro horas, la Fiscalía de Asuntos Administrativos imputó los hechos en contra de los cuatro magistrados, a quienes acusan de fraude por la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), donde según el MP, se cometió fraude al adquirir este sistema a Datasys. S.A. porque en otros países un sistema similar tuvo un costo menor.
Al ser escuchados, los magistrados en su declaración explicaron cómo fue el procedimiento de adquisición del sistema y aseguraron que se realizaron varias pruebas y que la adjudicación de contratos no es solo por el precio sino por otros aspectos.
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