La crisis de los combustibles en Guatemala ha dejado al descubierto la voracidad del mercado y la alarmante debilidad del Estado frente a los grandes capitales. Mientras en el Congreso de la República se discute la iniciativa del Ejecutivo para aprobar un mecanismo de apoyo económico temporal que contempla una reducción de Q3.00 por galón para la gasolina regular, la realidad en las estaciones de servicio es otra: los expendedores ya han incrementado sus precios en esa misma proporción, absorbiendo el supuesto beneficio y neutralizándolo antes de que llegue a los ciudadanos.
A esta burla al consumidor se suma el choque político y la grave denuncia impulsada por la bancada VOS. Férreos opositores a la reactivación de estos auxilios, los legisladores de este bloque han argumentado reiteradamente que los subsidios se han convertido en un mecanismo de opacidad, denunciando que en la aplicación anterior «se robaron el dinero» que terminó engrosando los márgenes de ganancia de las grandes petroleras sin dejar un alivio real para el usuario.
Dicha agrupación ha escalado la situación presentando una denuncia formal ante el Ministerio Público por el desfalco de entre 600 y 700 millones de quetzales correspondientes a los fondos de auxilios pasados, según lo expresado por el diputado José Chic.
Lo verdaderamente penoso de esta coyuntura es la inactividad y la falta de firmeza del Organismo Ejecutivo. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo no ha demostrado el carácter ni ha establecido mecanismos con peso legal coercitivo para sancionar a los gasolineros y oligopolios que incrementan el valor de los combustibles a su sabor y antojo.
Tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) han abdicado de su razón de ser, operando como espectadores pasivos e incapaces de auditar rigurosamente las estructuras de costos de los importadores para frenar la especulación.
Mientras el Estado se escuda en la narrativa del «libre mercado» y permite que los expendedores operen con impunidad, son las familias guatemaltecas quienes continúan sufriendo el alto costo de la vida.
Este encarecimiento incesante asfixia la economía de la clase trabajadora, encarece el transporte y desata un efecto dominó que dispara los precios de los productos de la Canasta Básica Alimentaria, obligando a la población a absorber un sobrecosto diario para poder sobrevivir.
Texto Mario Rolando Reyes
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