La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso de la República el expediente de antejuicio promovido por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, por supuestas irregularidades en el proceso electoral.
La denuncia que dio lugar a la solicitud de este proceso fue promovida por el secretario general de la UNE, Víctor Guerra, por supuestas irregularidades durante la segunda vuelta electoral de los comicios generales de 2023.
En la denuncia, Guerra hace ver presuntas ilegalidades como actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado, que deja en manos del Congreso el retiro de la inmunidad de los magistrados que recientemente fueran dejado en libertad bajo fianza por el caso TREP.
Según la CSJ, la Fiscalía de Delitos Electorales señala a los magistrados en mención en una denuncia interpuesta el 25 de agosto de 2023 por el secretario general en funciones y representante legal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En la denuncia señalan supuestas irregularidades en la elección de binomio presidencial, que consistirían en existencia de actas con el mismo número de mesa que habría generado un excedente de 164 actas.
También señala supuestas irregularidades en el tiempo en el que se efectuaron los conteos de boletas en algunas mesas electorales y la utilización del Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En la resolución, la Corte Suprema de Justicia señala que el denunciante cumplió con los requisitos respecto a los elementos razonables y sustentados y que la denuncia no es promovida por razones espurias, políticas o ilegítimas.
La CSJ ordena remitir al Congreso de la República de Guatemala el proceso para lo que tenga a bien resolver y los delitos que le imputa el Ministerio Público son abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco fueron despojados de su inmunidad por el caso TREP y quedaron ligados a proceso por varios delitos.
Una sala de Apelaciones dejó sin efecto una caución económica de Q100 mil para cada uno que había sido dictada y la subió a Q700 mil. Además, dictó la prohibición de que los magistrados ligados a proceso puedan ejercer sus cargos mientras continúa la investigación.
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