Mientras se persista el incumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, CC, que ordena renovar el Consejo Superior Universitario, CSU de la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC; cualquier designación que realice este órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales, dice la Organización de Estados Americanos, OEA.
Lo anterior fue expresado en un comunicado de prensa en el que señalan que la CC es garante del orden constitucional y del Estado de derecho. Toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad.
La Misión ha señalado reiteradamente que la regularización y renovación oportuna del CSU de la USAC es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC.
En este contexto, la Misión toma nota de que la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ha presentado su expediente para optar a magistrada titular y suplente de la CC en representación del CSU de la USAC.
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala da seguimiento a los procesos de postulación a la Corte de Constitucionalidad (CC), dada su centralidad para el Estado de derecho, la supremacía constitucional y el equilibrio entre poderes. En ese sentido, toma nota de la apertura del proceso, a cargo del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC), para la designación de la magistratura titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026 2031.
Decisiones
La Misión recuerda que los procesos de designación de magistradas y magistrados constitucionales deben regirse por criterios de idoneidad, probidad, independencia e integridad, así como por una evaluación pública, objetiva y transparente de las trayectorias y antecedentes de las personas postuladas.
En particular, dicha evaluación debe considerar información pertinente y verificable sobre la conducta funcional previa, el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales y el impacto institucional para la democracia de las decisiones adoptadas en el ejercicio de cargos públicos.
En ese sentido, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos con fecha 12 de diciembre de 2023, adoptó la Resolución CP/RES.1240 (2476/23) Rev.1 “Acciones contra el Estado de derecho que arriesgan la transición gubernamental en Guatemala”, donde los Estados expresaron su grave preocupación por las acciones desestabilizadoras emprendidas por el Ministerio Público que atentaban contra el orden democrático condenando por ello el abuso de poder por parte dicho Ministerio Publico. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, reconociendo que tales acciones son inconsistentes con lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana y expresaron su seria preocupación por la continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala.
La Misión observa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, al igual que los mecanismos de la ONU y de organizaciones especializadas han documentado que bajo el liderazgo de la actual Fiscal General, se ha llevado a cabo un patrón de criminalización contra operadores y operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante causas penales cuestionadas, hostigamiento y exilio forzado.
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha señalado una “política de criminalización” del Ministerio Público, bajo la cual decenas de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y líderes sociales han sido sometidos a procesos penales, con más de medio centenar obligados a salir del país.
Por todo ello, la Misión da cuenta que la actual fiscal general ha sido señalada por actores nacionales e internacionales por presunta obstrucción de investigaciones de corrupción y por socavar la democracia y el Estado de derecho.
Sin prejuzgar los méritos jurídicos de ninguna candidatura, la Misión enfatiza que el análisis de la postulación de una persona cuyo ejercicio de la autoridad fue condenado enérgicamente por abuso de poder mediante una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que señala, además, que su práctica fue inconsistente con lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, exige una evaluación y una motivación especialmente rigurosa, pública y verificable, y un escrutinio objetivo reforzado a la luz de los estándares interamericanos sobre independencia judicial y probidad. Por ello, la Misión subraya que la legitimidad, credibilidad y autoridad moral de la Corte de Constitucionalidad dependen en gran medida de que los órganos postulantes —incluida la Universidad de San Carlos de Guatemala— ponderen estos antecedentes con seriedad y de forma integral.
La Misión continuará observando el proceso de designación de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, reitera su disposición a brindar cooperación técnica y convoca a todos los actores a conducirse con responsabilidad, respeto al orden constitucional y compromiso con la democracia y los derechos humanos en Guatemala.
