El diputado Raúl Amílcar Barrera Robles, junto a Bancada Semilla, presentó la iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nacional, una propuesta que busca crear un sistema público de información jurídica, digital y gratuita para facilitar a la ciudadanía el acceso a las leyes, reglamentos y disposiciones de cumplimiento general.
Actualmente, la población no cuenta con una plataforma estatal que reúna de manera gratuita y sistematizada la totalidad de la normativa vigente. Para conocer las reformas, derogatorias y modificaciones de una disposición, las personas pueden verse obligadas a realizar búsquedas dispersas o recurrir a plataformas privadas de pago.
El Diario de Centro América cumple su función de publicación oficial de las disposiciones que se emiten, pero no ofrece versiones integradas de las normas reformadas ni herramientas que permitan conocer, en una sola consulta, su evolución y relación con otras disposiciones.
La iniciativa propone responder a esa necesidad mediante el Digesto Jurídico Nacional, un sistema estatal de información jurídica, de carácter técnico y documental, que estará disponible gratuitamente a través de una plataforma digital integrada al sitio web del Congreso de la República.
Una herramienta para la ciudadanía
Uno de los principales beneficios de esta propuesta el acceso gratuito a información jurídica pública, la reducción del tiempo y los costos de búsqueda, mayor facilidad para identificar las reglas aplicables a trámites y servicios y mejores herramientas para el control ciudadano.
El sistema también contribuiría a fortalecer la certeza jurídica mediante identificadores únicos, registro de las características de cada disposición y trazabilidad de reformas, derogatorias, suspensiones y otros cambios que puedan afectar su aplicación.
Su implementación será progresiva, aprovechando archivos, sistemas y capacidades existentes y respetando las competencias de las distintas instituciones públicas.
La Biblioteca Digital y el Digesto serán herramientas complementarias: la primera permite encontrar y consultar documentos; el segundo permitirá conocer cómo han evolucionado las normas, cuál es su relación con otras disposiciones y cuál es la fuente oficial que las respalda.
El modelo también prevé coordinación con las instituciones que emiten, publican, certifican, archivan, registran o aplican normas. Cada entidad conservará sus competencias, autonomía e independencia, y participará en la identificación, verificación y actualización de sus fuentes oficiales. Con ello se busca evitar duplicar funciones, personal, infraestructura o sistemas.
El Digesto no crea, reforma, deroga, suspende ni interpreta obligatoriamente las leyes, tampoco declara su vigencia, no sustituye al Diario de Centro América ni reemplaza los registros o archivos de las instituciones responsables. Cuando exista una discrepancia, prevalecerá siempre la fuente
oficial competente.
Esta iniciativa busca abrir el debate sobre una herramienta que pueda beneficiar por igual a la ciudadanía, profesionales, estudiantes, instituciones, municipalidades, universidades y al propio Congreso de la República, “porque conocer las leyes, reglamentos y acuerdos vigentes, debidamente integrados, es un derecho, no un privilegio” enfatizó el diputado Raúl Barrera.