El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a proyectos de infraestructura en la gestión del gobierno de Bernardo Arévalo
En un comunicado oficial, la institución destacó la importancia de cumplir con las normativas legales vigentes y garantizar que cada proyecto sea ejecutado bajo estrictos estándares administrativos.
Cumplimiento riguroso en los pagos
El proceso de pagos dentro del CIV se lleva a cabo de manera completamente transparente, basándose en:
-avances físicos verificables
-cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos
Además, estos procedimientos están alineados con los ciclos y plazos establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Los expedientes de pago son preparados y gestionados por las unidades ejecutoras correspondientes. Estas unidades tienen la responsabilidad de garantizar la debida diligencia, asegurándose de que los requisitos técnicos, financieros y legales sean plenamente cumplidos.
Posteriormente, dichos expedientes son evaluados rigurosamente por el CIV antes de ser aprobados.
Tolerancia cero al soborno
En su comunicado, el CIV advirtió que ningún funcionario o empleado está autorizado para solicitar o recibir pagos o gratificaciones de cualquier tipo con el fin de agilizar procesos o garantizar la aprobación de pagos. Estas acciones son consideradas soborno o extorsión, lo que representa un delito grave y atenta contra la integridad de las instituciones.
El CIV hizo un llamado a los contratistas a que cumplan con los términos establecidos en sus contratos, enfatizando la necesidad de mantener altos niveles de calidad en la ejecución de los proyectos. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre todos los actores involucrados para garantizar el desarrollo sostenible del país.
Finalmente, la cartera reafirmó su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la calidad en cada una de sus acciones. Con estas medidas, busca fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública y contribuir al progreso integral del país.
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