Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
La adjudicación de las frecuencias 5G a Tigo y Claro por apenas un tercio de su valor real es un fantasma del gobierno de Alejandro Giammattei que ahora persigue a la actual administración. Mientras el Congreso exige la declaración de lesividad, el Ejecutivo guarda una pasividad que, de prolongarse, terminará en complicidad.
El contrato para la adjudicación de la banda 5G, firmado a escasos tres meses de que el gobierno anterior entregara el poder, es un manual de lo que no se debe hacer en la administración pública. Lejos de representar un avance tecnológico limpio para Guatemala, se ha convertido en una sombra de opacidad y presunta corrupción que hoy estalla en las manos del presidente Bernardo Arévalo.
Las cifras del desfalco
El análisis de las adjudicaciones revela un daño patrimonial que no puede ser ignorado por las actuales autoridades. Los datos expuestos en las recientes citaciones e investigaciones legislativas son contundentes:
Las frecuencias de la banda de 700 MHz (estratégicas para tecnología 4G y 5G) fueron adjudicadas al duopolio dominante, Tigo (65%) y Claro (35%), por aproximadamente Q1,000 millones. Sin embargo, las estimaciones técnicas apuntan a que el valor real en el mercado ascendía a Q3,600 millones.
Esto representa una pérdida directa de Q2,600 millones que debieron ingresar a las arcas nacionales; dinero suficiente para cubrir deficiencias críticas en infraestructura o salud.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no elaboró estudios técnicos de valoración previos. Además, persisten las denuncias documentadas sobre la remoción repentina del intendente que se negó a firmar el documento, siendo reemplazado por alguien que rubricó el contrato al día siguiente de asumir el cargo.
La teatralidad política y el fondo del reclamo
En medio de este escenario, el diputado Luis Aguirre y la bancada CABAL han tomado la batuta de la fiscalización. Aguirre ha llevado su reclamo al terreno del espectáculo político —llegando al punto de ofrecerle públicamente un calzoncillo al mandatario en el hemiciclo para que «agarre valor»—. Si bien la forma es provocadora, burda y propia del circo legislativo, el fondo de su exigencia es legítimo y legalmente urgente: el contrato debe ser revisado a profundidad y, ante las anomalías evidentes que la mismo SIT actual ha empezado a reportar, debe ser declarado lesivo para los intereses del Estado.
El Dilema de Arévalo: Entre la Promesa y la Inacción
Aquí es donde recae la crítica central hacia la administración actual. Bernardo Arévalo llegó a la presidencia montado en una sólida narrativa anticorrupción, prometiendo desarmar las redes de impunidad heredadas. Sin embargo, frente a un contrato que huele a corrupción a kilómetros de distancia, la tibieza del Ejecutivo resulta desconcertante.
El tiempo no es un aliado, es un verdugo. El plazo legal para que el consejo de ministros declare la lesividad de este contrato vence en septiembre de 2026. Cada día que el Ejecutivo deja pasar sin tomar una postura firme, valida silenciosamente las oscuras prácticas del gobierno de Giammattei que tanto criticó en campaña.
Arévalo se encuentra acorralado, no por los exabruptos de la oposición, sino por el peso de sus propias promesas electorales. Permitir que el duopolio de las telecomunicaciones retenga una frecuencia tan valiosa, adquirida a precio de remate y bajo la sombra de la ilegalidad, enviaría un mensaje desolador a la ciudadanía. El actual gobierno tiene en sus manos la decisión de sentar un precedente histórico, o bien, terminar siendo el facilitador por omisión de uno de los desfalcos más grandes de la última década.
El reloj avanza y septiembre está a la vuelta de la esquina. A estas alturas del partido, la inacción ya no se percibe como prudencia, sino como complicidad.