¿Quién les dio permiso para callar a la prensa? Si, como ha denunciado públicamente la periodista Elizabeth González, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala decidió vetarla por sus críticas al manejo del fútbol nacional y al fracaso de la Selección, estamos frente a un hecho que merece una respuesta contundente.
Una federación deportiva puede organizar partidos, administrar recursos y tomar decisiones internas, pero no puede pretender convertirse en una autoridad con capacidad para decidir qué periodista puede informar y qué periodista debe guardar silencio. El artículo 35 de la Constitución es claro: en Guatemala existe libertad de emisión del pensamiento sin censura ni licencia previa. Además, la legislación protege las denuncias y críticas relacionadas con funcionarios y empleados públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos.
El problema va mucho más allá de una periodista vetada. El verdadero problema es preguntarnos ¿qué está pasando con los recursos destinados al deporte guatemalteco? y quién está dispuesto a rendir cuentas. Durante años, los aficionados han soportado resultados decepcionantes, selecciones que no terminan de despegar y estructuras dirigenciales que parecen sobrevivir a los fracasos deportivos.
Si existen denuncias sobre viáticos, viajes, privilegios, gastos excesivos o utilización inadecuada de recursos, corresponde a las autoridades competentes investigarlas y a los dirigentes explicar públicamente cómo se administra cada quetzal. El dinero destinado al deporte debe servir prioritariamente para preparar atletas, mejorar instalaciones, garantizar alimentación adecuada, brindar asistencia médica, comprar implementos y crear condiciones dignas para quienes representan al país.
Resulta indignante que un atleta tenga que enfrentar carencias para entrenar, competir o alimentarse dignamente mientras las autoridades deportivas disfrutan de condiciones que, según denuncias públicas, serían muy diferentes. Y si además familiares de dirigentes viajan a eventos deportivos con recursos vinculados a las instituciones, eso debe ser aclarado con documentos, facturas, reglamentos y auditorías. Aquí no se trata de lanzar acusaciones sin pruebas. Se trata de exigir algo elemental: transparencia. La autonomía de las federaciones deportivas no puede utilizarse como un escudo para evitar preguntas, auditorías o investigaciones. Ser una entidad autónoma no significa estar por encima de la ley ni estar exenta de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Por eso hacemos un llamado al presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, José Chic, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las instituciones fiscalizadoras para que presten atención a estas denuncias. Si la periodista fue realmente vetada por ejercer su derecho a criticar y cuestionar, debe investigarse y establecer responsabilidades. Y si existen señalamientos sobre el manejo de recursos, también deben revisarse. El deporte guatemalteco no pertenece a dirigentes, presidentes de federaciones ni grupos que se eternizan en los cargos. Pertenece a Guatemala. Los atletas merecen respeto, preparación, alimentación digna y condiciones profesionales. La prensa merece libertad para preguntar y criticar. Y los ciudadanos merecen saber qué se hace con el dinero que sostiene al deporte nacional. Ya basta de utilizar la palabra autonomía como excusa para cerrar las puertas y apagar las preguntas.
A todos esto ¿Qué es de la Contraloría General de Cuentas? Tanto que se dice con respecto a malos manejos de los recursos del deporte federado y esta institución se ha convertido en un objeto decorativo del Estado y en un chiste, pues ni sus luces, o será que ya tiene las manos manchadas y por eso se quedan callado el contralor.
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