Por medio de un comunicado de prensa el Ministerio Publico MP al referirse a los allanamientos en la sede central del Tribunal Suoremo electoral donde secuestro actas de la primera vuelta indica que actuó apegado a la ley
Expresa el MP que “el artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los aspectos de delitos o faltas se resolverán conforme al
Código Penal”
Asi también indica “ el artículo 187 del Código Procesal Penal establece que mediante orden de juez se podrán efectuar allanamientos y en caso de ser necesario, se procederá al secuestro de indicios”
Enfatiza que “ Las diligencias realizadas en la sede del Tribunal Supremo Electoral, que fueron ordenadas por el juez penal concluyeron a pesar de los intentos de obstaculizar las mismas y la vulneración de la reserva del caso, regulada en el artículo 314 del Código
Procesal Penal”expresa el MP
“ Es importante manifestar que todas las diligencias se han desarrollado con fundamento en la ley y en la Constitución Política de la República, asi como el actuar del Ministerio Público y buscan proteger elementos propios de las investigaciones en curso”
Indica el MP que “Tomando en cuenta que la elección ya ha finalizado y los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación que se aleja de la realidad y de la naturaleza jurídica de la diligencia realizada”
“El llamado a las personas electas incluyendo diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano que hace mediáticamente el Tribunal Supremo Electoral también se aleja de la naturaleza de la diligencia, que no tiene como objeto investigaciones contra un partido político”
De esa cuenta, expresa “el Ministerio Público está obligado a continuar con las investigaciones de las denuncias puestas en conocimiento y su actuar se apega a la ley y a la Constitución Política de la República, por lo que el pueblo de Guatemala puede tener la certeza que todas las investigaciones se desarrollan en el marco de la legalidad para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, la democracia, el debido proceso y el Estado de derecho”
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