Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
El alivio tributario diseñado para amortiguar el constante golpe a los bolsillos de las familias guatemaltecas se ha transformado en una cruenta paradoja económica. La exoneración y reducción de impuestos a los combustibles, aprobada con la intención expresa de reducir el precio final de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio, se topó de frente contra la voracidad de un sector empresarial que se niega a trasladar el beneficio al consumidor. Lo que debió ser un respiro financiero para la población se ha convertido en una muestra más de cómo las decisiones de política fiscal naufragan ante la especulación desmedida de las gasolineras.
A pesar de que el marco legal exigía un descuento directo e inmediato en las bombas de despacho, diversas estaciones de servicio a lo largo del territorio nacional decidieron ignorar la norma o aplicarla a medias. Es una práctica perversa: cobran el precio ajustado solo cuando la presión pública apremia, pero mantienen los márgenes inflados la mayor parte del tiempo. El ciudadano de a pie, que depende del vehículo para trabajar o que sufre el incremento en el pasaje y la canasta básica por el encarecimiento del transporte de mercancías, termina pagando una factura doble: la de los impuestos exonerados que el Estado deja de percibir y la del sobreprecio injustificado en la gasolinera.
Frente a esta coyuntura, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) ha realizado inspecciones y ha hecho lo que administrativamente le compete: levantar actas, anunciar verificaciones y presentar las denuncias correspondientes. Sin embargo, en el mapa institucional guatemalteco, la DIACO es un tigre sin dientes. Sus denuncias terminan amontonadas en folios administrativos que no asustan al especulador, pues el costo de una eventual multa administrativa es infinitamente menor que las exorbitantes ganancias millonarias que obtienen diariamente al no reflejar el descuento real.
Es aquí donde el silencio institucional se vuelve ensordecedor y la ausencia del Ministerio Público (MP) resulta incomprensible. La especulación, el acaparamiento y el delito de equiparación contra la economía nacional están tipificados en nuestra legislación y no pueden ser abordados como simples faltas administrativas. Que la fiscalía general no promueva acciones penales de oficio ni abra investigaciones de impacto contra las grandes cadenas o distribuidores que sistemáticamente evaden el traslado de los incentivos fiscales deja a la población en una absoluta indefensión jurídica.
A la inacción de los fiscales se suma el aletargamiento de los tribunales de justicia, que parecen no enterarse del impacto directo que este abuso genera en el costo de vida nacional. No hay medidas cautelares, no existen sanciones ejemplares ni órdenes judiciales que frenen el cobro indebido o suspendan las licencias de operación de los negocios reincidentes. Esta parálisis del sistema de justicia envía un mensaje nefasto a los mercados: en Guatemala se puede violar la ley económica, engañar al consumidor y retener beneficios fiscales sin enfrentar consecuencias penales.
La consecuencia directa de esta cadena de omisiones la padece el presupuesto familiar. Cada quetzal que no se descuenta en la bomba repercute directamente en el precio del tomate, las verduras, las tortillas y el transporte público. El empresario gasolinero argumenta fluctuaciones internacionales de manera opaca para subir precios de inmediato, pero cuando la ley le exige bajarlos o cuando el barril cae en los mercados mundiales, aplica una lentitud sospechosa e indignante. Se aprovechan de la alta dependencia energética del país para ordeñar las finanzas del pueblo.
Este fenómeno no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo donde la avaricia corporativa encuentra refugio en la debilidad de las instituciones de control. Mientras la ciudadanía hace malabares para llegar a fin de mes, los distribuidores de combustible incrementan sus márgenes de ganancia a costa de una ley que fue creada para proteger al débil, no para engordar las arcas del intermediario. La indiferencia estatal ante el acaparamiento y la especulación transforma una medida social en una transferencia indirecta de recursos públicos hacia sectores privados.
Guatemala no puede seguir funcionando bajo la premisa de que los abusos de mercado son inevitables y que la justicia solo aplica para los de abajo. El Ministerio Público y el Organismo Judicial están obligados a actuar con la severidad que el caso exige, persiguiendo penalmente a quienes defraudan la confianza pública y atentan contra la economía familiar. Si el Estado elimina impuestos para aliviar al pueblo pero no es capaz de garantizar que ese alivio llegue a la manguera de la gasolinera, la política fiscal no es más que una trampa donde el ciudadano siempre termina perdiendo.