En una conferencia de prensa convocada en la zona 1 de la Ciudad Capital, el Arquitecto Diego López, ex Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales en el MARN, realizó una denuncia pública a los actuales funcionarios, luego de realizar la denuncia penal respectiva.
“Para mi fue un honor servir a Guatemala. Desde que asumí el cargo, me dediqué a cumplir con lo que establece la normativa vigente, buscando aumentar la eficiencia administrativa y operativa de las funciones de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales -DIGARN- “, asegura Diego López ex director de la mencionada oficina.
“Uno de los principales objetivos que me propuse, al tomar el cargo, a pesar de contar con poco personal, fue revisar los expedientes; que en total eran más de cuatro mil (4,000) carpetas que provocaban malestar ente los usuarios y estaban acumulados por políticas gubernamentales de las personas que me antecedieron”, explica López.
El arquitecto López, resalta que entre la gran cantidad de expedientes acumulados, se encontraba el del proyecto Minero Cerro Blanco. Aunque se menciona que fue una “aprobación exprés”, sin embargo, el mismo fue ingresado al MARN desde el año 2021, y evaluado por un grupo de profesionales por mas de 2 años.
Este instrumento, ha sido históricamente un expediente de los que más ha tardado en resolverse en la historia de la DIGARN. “Constitucionalmente cumplí mis funciones como director en el momento de que el procedimiento se agotó, mi trabajo fue firmar la resolución final, después de verificar que se haya cumplido con los requisitos técnicos y legales establecidos, en los términos de referencia y en demasía con los tiempos reglamentarios para su respectiva evaluación y aprobación”, acota López.
Mucho se ha dicho que se prestó especial atención a este proyecto para que pudiera ser resuelto en un día en particular, pero la realidad es que este fue uno de los cientos de expedientes que pasaron por mi escritorio en el tiempo en el que estuve en esta dirección y, como en todos los demás, en este expediente se cumplió con el procedimiento administrativo correspondiente,
No hubo una intención particular, como falsamente se ha indicado, “para aprobar el expediente el día 9 de enero, dimos los cinco días para poder revocar y estos se cumplieron el 14 de enero de 2024.” Los 5 días que se mencionan, son hábiles, y vencieron hasta el 17 de enero de 2024, lo cual consta en el expediente, prosigue el ex director de la DIGARN al decir que, junto a muchos otros expedientes, los reasignó para reacomodar la carga laboral de los asesores ambientales.
Hace unas semanas presté declaración ante el Ministerio Público, como parte de la denuncia presentada en mi contra el 14 de junio de 2024, interpuesta por el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas Ramos. Por todo lo anterior, el día 10 de julio de 2024 presenté una denuncia ante el Ministerio Público contra los ingenieros Ismael Ricardo García Urizar y German Rafael González Figueroa, por los posibles delitos de SIMULACIÓN DE DELITO y FALSEDAD IDEOLÓGICA.
Así mismo, el día 18 de julio de 2024, presenté una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la licenciada María Olga del Carmen Morales Díaz, jefa del Departamento de Calidad Ambiental, y actual directora provisional de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, por los posibles delitos de SIMULACIÓN DE DELITO, FALSEDAD IDEOLÓGICA, ABUSO DE AUTORIDAD y RESOLUCIONES VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN.
El hecho, de si lo correcto era una actualización en un nuevo estudio, es un tema de criterios técnicos que puede ser discutido, pero que el MARN, por intermedio de la DIGARN, decidió en el 2021.
“Considero que lo que circula en medios de comunicación relacionado a la resolución de aprobación del instrumento ambiental del Proyecto Minero Cerro Blanco, es un golpe fuerte a la institucionalidad que representa el MARN, ya que deja en tela de duda la certeza jurídica de todos los proyectos aprobados desde la creación de la DIGARN. Ya, que con evaluaciones posteriores y dictámenes fuera de tiempo, pueden recovar o enmendar procedimientos afectando directamente los intereses de los proponentes.”- Puntualizó López-
Esto da un mensaje equivocado a la atracción de inversión en Guatemala, ya que cada gobierno podría anular, enmendar o revocar cualquier resolución que ha causado derecho, por ideologías o intereses particulares. Si esta resolución ilegal llegara a quedar en firme, ninguna resolución de la DIGARN estaría realmente firme, pues se crearía un procedimiento al margen de la ley para revocar fuera de tiempo utilizando ilegalmente la figura de la enmienda de procedimiento.
Las opiniones y resoluciones que dicta la DIGARN, causan derecho y se debe de mantener esta certeza jurídica para todos los usuarios, cuando el expediente llego a mis manos, existía ya una resolución dictada en la cual se indicó al proponente (solicitante) la forma de presentar el instrumento ambiental (en este caso actualización). Los funcionarios públicos solamente pueden llevar a cabo acciones que la ley le ordena o permita.
Todos tenemos derecho a tener un punto de vista y a tener una ideología, pero no tenemos derecho a que esta ideología guíe nuestra forma de actuar como funcionarios públicos. Lo único que puede guiar nuestro actuar como funcionarios públicos son las leyes y reglamentos vigentes.
Además López agregó: Si bien es cierto que todo el asunto del Proyecto Minero Cerro Blanco ha significado un desgaste a nivel personal, profesional, familiar y en todos los ámbitos de mi vida, considero importante que, como funcionarios públicos, seamos garantes de la certeza jurídica en el país y nos aseguremos, desde el ámbito de las funciones que nos son confiadas al estar el gobierno, que las reglas estén siempre claras para todos.
Cumplir con mis funciones de una forma proba, ha afectado mi reputación, y me afecta laboralmente y ha manchado, de forma injusta, mi nombre y prestigio profesional. Incluso, he recibido amenazas de forma anónima por aprobar el instrumento ambiental citado.
Invito al pueblo de Guatemala, a quienes han confiado en el país para invertir, a quienes han seguido las reglas establecidas en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental para presentar los instrumentos ambientales para sus emprendimientos y proyectos, a que estén atentos a las acciones del MARN, pues cualquiera podría ser la siguiente víctima de estas decisiones erróneas, ilegales y con una carga ideológica que no tiene cabida en la administración pública.
Termino diciendo lo siguiente: sé que me estoy enfrentando a la maquinaria legal, política y comunicacional del gobierno central, y con franqueza eso provoca miedo, sin embargo, mis padres me han enseñado que la valentía no es la ausencia de miedo sino actuar de forma correcta incluso ante este tipo de adversidades. No esta demás, y quiero decir, que responsabilizo, a partir de este momento, a Ana Patricia Orantes Thomas, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, de cualquier cosa que pueda sucederme a mi y a mi familia.
