Nunca en Guatemala habíamos conocido una campaña electoral con tantas alusiones religiosas como la de este año. El escasísimo debate sobre los programas de gobierno se vio opacado por la discusión de otros temas.
Fue evidente la intención de manipular a los fieles cristianos, católicos y evangélicos, con el mensaje pro vida y defensa de la familia que se ha generalizado en América Latina. Y no se crea que a los sectores que hoy se aferran al poder, les importa la vida y la familia sino que descubrieron una estrategia para ganar las elecciones.
La buena noticia es que no obstante los esfuerzos de la derecha tradicional y la derecha oportunista y de los aliados oficialistas, el siniestro plan no funcionó.
El hartazgo de la población con la corrupción y el mal gobierno superaron con creces el falso mensaje moralista. La encuesta de Prensa Libre publicada el 17/08/2023 indicó que la intención de voto de los evangélicos era aproximadamente la misma que el resto de la población. En otras palabras, a pesar de la campaña propagandística no hubo un voto evangélico y si alguna vez existió, fue para inclinarse a favor del candidato opositor.
En realidad, observamos que los asuntos públicos siempre se han tratado con un alto grado de religiosidad en este país en desmedro del Estado Laico. Tomemos como ejemplo lo ocurrido en el periodo de gobierno del presidente Giammattei que este año, afortunadamente, llega a su fin.
Desde el constante estribillo Que Dios bendiga a Guatemala del presidente hasta declarar a Guatemala en febrero del 2022 como “Capital Pro Vida de Iberoamérica” la tónica del discurso oficial ha sido la misma. Un observador independiente hubiera pensado que teníamos un mandatario con una alta moralidad y una gran determinación por reducir la desnutrición, por mejorar la salud pública y proteger el medio ambiente. Lamentablemente todos sabemos (y sufrimos) la verdad.
El organismo legislativo no se quedó atrás y así percibimos en el 2020 la iniciativa de la bancada oficial para obligar la lectura de la Biblia en las escuelas públicas ( ¿Qué pasó con la laicidad del Estado?) y en el siguiente año nos sorprendieron con un proyecto de “Ley de Libertad Religiosa” (Iniciativa 5915) como si en Guatemala no tuviéramos libertad de culto desde hace más de un siglo gracias a la Revolución Liberal de 1871 y como si las iglesias estuvieran bajo persecución al estilo de los países islámicos del presente.
Muy pronto advertimos que el objetivo principal de ese artefacto legal no es otro sino blindar a las iglesias y sus dependencias, especialmente evangélicas, de cualquier revisión administrativa o judicial por parte del Estado.
No se necesita ser un experto para darse cuenta que semejante atropello a la justicia no lleva otro fin sino ocultar el enriquecimiento ilícito y “blanquear” capitales delictivos.
Resulta paradójico que los pastores que aplaudieron esta iniciativa no quisieron ver (¿la leyeron?) que el proyecto crea la Unidad de Registro de Entidades Religiosas con facultades no solo para autorizar sino también para cerrar iglesias, lo que si va en desmedro de la libertad religiosa que debería ser garantizada por mandato constitucional.
Por tanto, es importante advertir que en este país estamos viviendo un retroceso en la separación de la religión y el Estado por razones electorales y clientelares. Se confirma por los arreglos entre el sector político gobernante y algunos pastores que disfrutan de favores económicos como subsidios, sueldos y hasta oficinas en edificios públicos a cambio de legitimar en nombre del Evangelio los desmanes y la flagrante corrupción administrativa de los funcionarios públicos. En cambio, el Estado Laico es democrático porque para legitimarse no apela al Derecho Divino de los Reyes o a la fe sino a las evidencias, al razonamiento y al buen juicio de los ciudadanos.
El Estado democrático moderno, por su propia esencia, debe ser un Estado Laico, es decir un Estado que no favorezca confesión religiosa alguna. Es conocido en el pensamiento político que una de las condiciones necesarias, mas no suficiente, para instaurar la democracia es que se comprendan y practiquen los principios del Estado Laico, y no me refiero a un Estado ateo o anticlerical, sino a un Estado neutral donde las autoridades políticas no se
adhieren públicamente a ninguna religión determinada y en el cual las creencias religiosas no influyen en las políticas públicas. En sentido inverso, cuando el Estado es Laico no debe invadir la esfera moral y espiritual de los ciudadanos. Por tanto, debe abstenerse de dictar lo que es bueno y lo que es malo, justo o injusto para los ciudadanos porque éstos ya no son súbditos de nadie sino personas dotadas de juicio propio con libertad para creer o no creer.
El Estado Laico significa igualdad ante la ley de todas las instituciones religiosas y respeto a las diferentes espiritualidades y pluralidad de creencias. El Estado Laico tiene su propia moral que es la moral cívica para la vida pública dejando al nivel personal la moral religiosa de acuerdo con las creencias de cada quien. El Estado Laico se apoya en sus instituciones, particularmente en la educación pública, para promover la moral cívica que enseña valores ciudadanos, respeto a la ley y a las autoridades, pero también solidaridad y confianza con otras personas.
Todos los países que hoy son desarrollados y democráticos lograron llegar a su estado actual porque abandonaron el modelo de Estado confesional y adoptaron los principios del Estado Laico en un proceso gradual que comprendió muchos años de guerras y sufrimiento. Así es como avanzó la humanidad hacia formas de convivencia que hoy hacen vigentes los derechos civiles, políticos y sociales de las personas (Marshall).
Sin embargo, hay que reconocer, según nos dice la mayoría de estudiosos, que en este siglo asistimos a un declive de la política y los principios liberales al punto que se observa una especie de regresión en materia de cultura cívica y confianza en la democracia. No es el objeto de esta reflexión profundizar sobre este fenómeno. Basta ilustrarlo con el asalto al Capitolio en Washington, Estados Unidos por una turba en enero del 2021. Un trágico episodio que jamás hubiéramos imaginado hace pocos años en uno de los países más democráticos del mundo.
Sin embargo, hay que dejar el pasado en la historia y ver hacia el futuro. A las puertas de una oportunidad de cambio, de sanear el gobierno y modernizar el Estado bajo la conducción progresista del Presidente Bernardo Arévalo podemos dar otro paso en la instauración de la democracia si recuperamos la filosofía del Estado Laico, no para cerrar las iglesias como lo hacia creer la propaganda negra, sino para mejorar la confianza en el Estado como el principal responsable de asegurar la neutralidad de los poderes públicos y evitar la intromisión de los asuntos eclesiásticos en los asuntos públicos al mismo tiempo que se mantenga incólume la libertad de conciencia y de práctica religiosa sin ingerencias por parte del Estado.
Por lo que hace falta que en esta nueva etapa de la vida política nos hagamos portavoces de los valores democráticos. No solo la libertad, sino la justicia; no solo la igualdad, sino el pluralismo; no solo la tolerancia, sino la paz, no solo la democracia electoral sino una democracia real.
Texto: Marco Tulio Cajas López
Coordinador “Doble Ciudadania”
mcajas@msn.com