Ante la amenaza del alcalde de Moyuta Jutiapa Carlos Roberto Marroquín del Partido Vamos en contra de la Policía Nacional Civil PNC el Ministerio de Gobernación que dirige el juez Marco Villeda emitió un “tibio” mensaje de condena y no presento denuncia ante el Ministerio Publico MP como esperaban muchos sectores de la población
“Ante declaraciones públicas recientes emitidas por Carlos Roberto Marroquin, Alcalde del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, las autoridades de seguridad mantendremos una postura de firmeza institucional frente a las amenazas y desafíos vertidos contra la Policía Nacional Civil (PNC)” expresa el comunicado dado a conocer la noche de este martes.
La Policía Nacional Civil actúa con base en un mandato constitucional y legal que trasciende intereses particulares o locales, cuya finalidad es proteger la vida e integridad de las personas, el ejercicio de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica, indica
“En ese marco, cualquier amenaza, intimidación o intento de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad pública constituye una conducta reprochable y su posible encuadramiento en un delito conforme al ordenamiento jurídico vigente” enfatiza el Ministerio de gobernacion
Indica que Las instituciones del Estado actuarán con apego a la ley ante cualquier hecho que trascienda del ámbito declarativo y afecte el orden público o la seguridad ciudadana.
Asimismo enfatiza el comunicado, la Policía Nacional Civil mantiene protocolos de prevención y despliegue operativo para garantizar la libre locomoción, la continuidad de los servicios esenciales y la tranquilidad de la población, particularmente en zonas de alta sensibilidad estratégica, como áreas fronterizas, en coordinación con las autoridades competentes.
“El Ministerio de Gobernación mantiene su disposición al diálogo institucional, dentro del marco de la ley, y llama a todos los actores públicos a contribuir, desde sus competencias, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz social” resatablta
Finalmente indica que “la seguridad de la población es responsabilidad del Estado en su conjunto y se ejercerá con firmeza, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos”
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