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El diputado Juan Carlos Rivera Estévez, del bloque legislativo Victoria, presentó hoy en el Congreso de la República la iniciativa de ley 6651, que busca una reforma integral para combatir la extorsión, uno de los flagelos de mayor impacto social y económico en el país.
La propuesta se centra en eliminar la concesión de medidas sustitutivas para este delito y sus tipos penales asociados, así como en el endurecimiento de las penas.
La iniciativa plantea modificar el Código Penal, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Código Procesal Penal. Según la exposición de motivos del documento, el objetivo es establecer penas proporcionales a la gravedad de la conducta delictiva y fortalecer el marco jurídico guatemalteco.
"¡Tolerancia CERO con la extorsión!", declaró el diputado Rivera. "Presentamos esta iniciativa porque es un insulto al trabajo de nuestros agentes de la PNC y fiscales del MP, quienes arriesgan su vida en cada captura para que luego los delincuentes vuelvan a las calles.
Nuestra gente merece vivir en paz y nuestras fuerzas de seguridad merecen respaldo, no frustración". Los cambios clave propuestos en la ley son: -Prohibición de Medidas Sustitutivas: Se adicionaría un párrafo al artículo 264 del Código Procesal Penal para prohibir explícitamente que se otorgue cualquier medida sustitutiva a la prisión preventiva en los procesos por los delitos de extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y la conspiración para cometerlos. -Aumento de Penas para la Extorsión:
Se reforma el artículo 261 del Código Penal para sancionar la extorsión con una pena de doce a quince años de prisión inconmutables. -Sanciones más Severas en Delincuencia Organizada:
Se modifican los artículos 10 y 11 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, estableciendo penas de doce a quince años de prisión para los delitos de exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito.
El legislador argumenta que las penas actuales resultan leves en comparación con el daño que la extorsión causa a miles de guatemaltecos, afectando derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y el trabajo.
La iniciativa de ley fue recibida por la Dirección Legislativa del Congreso y deberá seguir el trámite correspondiente para ser agendada y conocida por el Pleno de diputados.
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