La diputada Alma Luis Guerrero junto a diputados de la bancada Semilla propusieron este jueves una ruta para recuperar obras públicas paralizados y proteger los recursos del Estado La iniciativa plantea evaluar la continuidad de proyectos judicializados mediante un o mecanismo técnico e interinstitucional, sin renunciar a las acciones legales ni desconocer las resoluciones judiciales vigentes. Guatemala necesita que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios para la población.

Sin embargo, cuando un proyecto queda detenido durante años, la infraestructura puede deteriorarse, los costos pueden aumentar y las comunidades continúan esperando soluciones para sus necesidades cotidianas. Ante esta situación, la Bancada Semilla presenta la iniciativa de Ley para la Continuidad de Proyectos Públicos Judicializados, que propone establecer una ruta legal, técnica, administrativa y financiera para determinar qué proyectos pueden continuar, cuáles deben liquidarse y en qué casos corresponde finalizar una contratación y convocar un nuevo proceso.

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La propuesta busca que cada caso sea evaluado con criterios técnicos y financieros, considerando también los obstáculos legales que provocaron la suspensión. Para ello, contempla una Mesa Técnica Interinstitucional integrada por la entidad responsable del proyecto, la Procuraduria General de la Nación la Contraloria General de Cuentas (CGC) y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

El mecanismo establece plazos para el análisis y la emisión de dictámenes, asi como medidas para resguardar los recursos públicos y evitar incrementos de costos injustificados. La CGC participaría en la fiscalización, dentro de sus competencias, y las decisiones deberán respetar las resoluciones judiciales vigentes. La iniciativa también contempla el reconocimiento judicial para documentar el estado fisico de las obras antes de determinadas actuaciones, con participación de funcionarios de la PGN y la CGC.

Además. establece expresamente que la continuidad de un proyecto no implica renunciar a las acciones legales, administrativas o judiciales del Estado. La propuesta no plantea continuar todas las obras sin distinción, sino evaluar las condiciones de cada proyecto para determinar la ruta que corresponda. Si un contrato debe terminarse, el texto prevé iniciar un nuevo proceso de contratación para adjudicar la obra, bien o servicio en las condiciones existentes.

La iniciativa propone una vigencia de 24 meses y busca ofrecer una respuesta institucional ante proyectos que permanecen detenidos, protegiendo tanto el patrimonio público como el interés de la población en acceder oportunamente a infraestructura y servicios esenciales. Busca que cada decisión se sustente en evidencia, transparencia, responsabilidad institucional y respeto al ordenamiento jurídico, para que los recursos públicos cumplan la finalidad para la que fueron destinados. #BancadaSemilla #InfraestructuraVial #CongresoGt