La destitución de varios funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el procesamiento al mismo mandatario, fue la solicitud presentada ante la Corte de Constitucionalidad, CC, como una solicitud debidamente ejecutoriada.
Los funcionarios a los que se refiere la solicitud del MP son: Julio Saavedra Pinetta, Procurador General de la Nación; Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia; Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig, ministro de Finanzas
Públicas y Santiago Palomo Vila, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
Porras señala que lo que busca es que se cumpla con el amparo provisional que fue otorgado a favor del MP, el pasado 8 de mayo, en el cual se ordena al Ejecutivo que debe evitar acciones que “tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”.
Agrega que recientemente el Gobierno criticó acciones del MP relacionadas al supuesto secuestro del Padrón Electoral; sin embargo, Porras en su video asegura que eso no ocurrió. La fiscal general exige a la CC el “inmediato encausamiento” para librar la certificación de lo conducente para iniciar el proceso penal en contra del presidente Bernardo Arévalo de León, a quien señala de pretender tomar el control de la Fiscalía, pese a la advertencia hecha en el amparo provisional de mayo pasado.
Porras, sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por supuestamente favorecer la corrupción en Guatemala, también criticó el informe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque, a su criterio, no se consignó la información que se les proporcionó durante un encuentro en el MP; además, asegura que varias de las recomendaciones que el ente internacional hace están dirigidas al Gobierno de Arévalo, principalmente cuando se habla de delitos patrimoniales y en contra de la vida.
Lo que expresa el Gobierno
Respecto a las acciones y declaraciones de la fiscal general, el Gobierno de la República dijo por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que se trata de una “acción absurda y sin sentido”.
Añadieron que Porras es “una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población”.
Además, refieren que es “un evidente atentado contra la libertad de expresión”.
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