La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido presentada como un símbolo de justicia global,
un tribunal que se encarga de juzgar a los criminales más atroces del mundo. Sin embargo,
su funcionamiento y efectividad han sido objeto de críticas que cuestionan su imparcialidad
y su papel en el sistema internacional. A lo largo de los años, se ha generado un debate
sobre si la CPI realmente cumple con su misión de justicia o si, por el contrario, se ha
convertido en un instrumento de poder al servicio de intereses geopolíticos.
Desde su creación, la CPI ha sido percibida por algunos como un instrumento de poder que
favorece a las naciones occidentales. En lugar de actuar como un árbitro neutral, se
argumenta que la Corte ha sido utilizada para perseguir a aquellos que desafían los intereses
geopolíticos de Occidente, mientras que los crímenes cometidos por gobiernos aliados a
estas potencias han quedado en gran medida sin respuesta. Esta percepción ha llevado a la
conclusión de que la CPI, tal como opera actualmente, no puede ser reformada y podría ser
más efectiva si se disolviera.
Críticas a la imparcialidad de la CPI
Los defensores de la CPI sostienen que su enfoque en los crímenes cometidos en África
refleja la realidad de donde ocurren estos delitos. Sin embargo, esta justificación ha sido
cuestionada, especialmente en vista de la falta de acciones significativas contra naciones
occidentales que han estado involucradas en conflictos y violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares y ha apoyado
regímenes cuestionables, pero no ha enfrentado acciones judiciales en la CPI.
La respuesta de Estados Unidos a cualquier intento de la CPI de investigar sus acciones ha
sido rápida y contundente. Cuando la Corte ha intentado investigar crímenes de guerra en
Afganistán, por ejemplo, Washington no dudó en imponer sanciones a funcionarios de la
CPI y presionar a sus aliados europeos para que hicieran lo mismo. Este tipo de reacción
sugiere que la Corte no opera de manera independiente, sino que está sujeta a la presión de
las potencias más influyentes, lo que socava su credibilidad.
La falta de jurisdicción sobre potencias globales
Una de las críticas más significativas hacia la CPI es su incapacidad para ejercer
jurisdicción sobre las naciones más poderosas del mundo. Estados Unidos, Rusia y China
han tomado medidas para evitar la autoridad de la Corte, lo que pone de manifiesto su falta
de legitimidad. La negativa de estas naciones a someterse a la CPI resalta la percepción de
que la Corte no es un organismo imparcial, sino un instrumento que sirve a intereses
políticos específicos.
Por ejemplo, Estados Unidos ha promulgado leyes que permiten la intervención militar para
liberar a cualquier miembro de su personal que sea detenido por la CPI. Esta acción no solo
demuestra un desprecio por el Estado de derecho, sino que también revela la verdadera
naturaleza de la CPI como un organismo que no puede desafiar a las potencias más fuertes.
Limitaciones en la capacidad de ejecución.
Además de las cuestiones de imparcialidad y jurisdicción, la CPI enfrenta desafíos en su
capacidad para hacer cumplir sus decisiones. Sin el apoyo de las grandes potencias, la Corte
depende de la cooperación de los estados, que a menudo no tienen incentivos para cumplir
con sus órdenes. Esto limita su efectividad y convierte sus sentencias en meros gestos
simbólicos.
Las órdenes de arresto emitidas por la CPI son, en muchos casos, ignoradas por aquellos
que tienen la fuerza para resistirlas. La Corte puede emitir tantas sentencias como quiera,
pero sin la fuerza para hacerlas cumplir, estas decisiones carecen de impacto real. Esto
plantea serias dudas sobre la capacidad de la CPI para cumplir con su misión de justicia.
Reflexiones sobre el futuro de la CPI.
La crítica a la CPI no se basa en la idea de que no ha cumplido con sus ideales, sino en que
esos ideales nunca fueron realmente alcanzables. La Corte fue diseñada con limitaciones
que impiden su funcionamiento como una verdadera institución de justicia global. Para
aquellos que buscan un sistema de justicia internacional genuino, es evidente que la CPI no
es la solución.
Una verdadera corte global debería exigir jurisdicción universal, un poder de ejecución
genuino y, sobre todo, libertad frente a la influencia política. La CPI no tiene ninguna de
estas características. La reforma no es una opción porque sus defectos no son incidentales:
son fundamentales.
En lugar de intentar reformar una institución que ha demostrado ser ineficaz y sesgada,
podría ser más constructivo considerar la creación de un mecanismo de rendición de
cuentas que no esté influenciado por las dinámicas de poder actuales. La abolición de la
CPI podría abrir la puerta a un enfoque más efectivo y equitativo para abordar los crímenes
internacionales y garantizar la justicia.
Texto: Jorge Sánchez